CASSABADOR CAZADO. La cuestión previsional hace rato que dejó de ser el tema exclusivo de los abuelitos que le daban de comer a las palomas en la plaza, para convertirse en uno de los botines más apetecibles por el manejo de metálico que implica. Hoy ya en la Argentina se habla que las tres cuartas partes de la masa de aportes está en manos de tan solo cuatro operadores financieros que así manejan un flujo de dinero que en su momento sirvió como tabla de salvación para el mismo Estado –en épocas del benemérito Mingo Cavallo- que decía desinteresarse de ese manejo. Los abogados del foro local no tardaron mucho en darse cuenta de que al no tener una caja propia estaban cediendo una interesante cuota tanto de poder como de efectivo. Sin duda el conveniente discurso basado en la solidaridad social dentro del mismo gremio de abogados fue una carta fuerte al momento de conseguir los votos necesarios para crear CASSABA. El concepto es simple en su formulación pero complejo en su desarrollo. No todo lo que brilla es oro y la nueva caja desde su nacimiento tuvo que cargar con hondísimos cuestionamientos justamente en el rubro que más conocen los letrados, el legal. Si bien éste se ha transformado en un latiguillo de presión política para la conducción oficialista ,tanto de la caja como del Colegio Público, no hay que soslayar los cuestionamientos que no por venir de plumas opositoras, no deban ser tenidos en cuenta. Los flancos en donde la caja luce deshilachada son: 1) La potestad de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires para crearla. Los detractores de la iniciativa insisten en que la creación es inconstitucional. 2) Que una vez sancionada su creación por la legislatura, la reglamentación no haya pasado por el ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires, sino que fue fijado por la asamblea de la misma caja. 3) Que una ley sancionada por la legislatura de la ciudad, y promulgada por el ejecutivo de la misma, publicada en el Boletín Oficial de la ciudad, haya tenido una reglamentación extrañamente publicada en el Boletín Oficial de la Nación. 4) Abogados que litigan del otro lado de la General Paz y tienen sus aportes al día ante CASABAYRES, la caja de abogados de la provincia, se ven obligados a una doble imposición al tener que tributar también en Capital cada vez que litigan en la Reina del Plata. Si bien la oposición cada vez suma más adeptos, desde el oficialismo no lucen demasiado preocupados. Será por eso de “divide y reinarás” ya que los detractores del sistema están tan juntos como el agua y el aceite. Por un lado el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires (los dandys y yuppies de la calle Montevideo) y por el otro los adherentes de Gente de Derecho, acaudillados por el combativo Jorge Rizzo, cabeza de un amparo que agrupa a 500 profesionales del foro local. Mientras tanto la gente de Durrieu está esperando que la Justicia se pronuncie en una acción declarativa de certeza para que se establezca la inconstitucionalidad de un artículo de la reglamentación del sistema. A pesar de que el colegio de afiliación voluntaria nuclea a los estudios de las grandes empresas y por ende de los más jugosos honorarios que deben aportar las más grandes tajadas al sistema, su dirigencia ha aportado directores a más nueva AFJP de afiliación obligatoria y con incumbencia profesional de la Argentina. Los rizzistas los acusan de gatopardismo al ser funcionales al sistema, cuestionando un tema menor en vez de lisa y llanamente su constitucionalidad. Así las cosas, se cuenta con un inesperado fiscal de todo acto administrativo que haga CASSABA, que como todo control, a pesar de ser incómodo, podría ser beneficioso para el sistema. Como siempre es más verde el pasto del vecino y más rico el plato de la mesa de al lado, siempre pasa en la gran familia judicial, mientras los abogados edifican este nuevo sistema, sus primos, los jueces, están siempre por cerrar un gran acuerdo político que les permita también tener su caja de jubilaciones propia, una larga y postergada aspiración de la magistratura argentina.
CORTESÍAS Y DESCORTESIAS. Apenas asumió el ministro de justicia, seguridad y derechos humanos, Alberto Iribarne, realizó una serie de visitas protocolares a los distintos estamentos judiciales. Así, su city tour judicial incluyó la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y una reunión con los presidentes de las Cámaras de la Capital Federal y del interior del país. Todas las reuniones fueron protocolares, se encargó de destacar antes de cada una el propio Iribarne, y formaron parte de su presentación al frente a la cartera judicial. Pero no todas fueron tan esterilizadas. En el Consejo de la Magistratura quisieron que el ministro se lleve un recuerdo y le prepararon un informe donde se detalla que en el Consejo no hay demoras para cubrir las vacantes de jueces. Así, cuando Iribarne volvió a su despacho de la calle Sarmiento se encontró con un informe elaborado al 26 de agosto pasado que da cuenta de que a esa fecha hay 64 vacantes en tribunales que, de las cuales 46 tienen pedido de acuerdo por parte del Poder Ejecutivo en el Senado Nacional y 18 todavía están en la Casa de Gobierno. Sin embargo, el jueves pasado el Senado aprobó cerca de 20 designaciones por lo que el número de vacantes quedó reducido. En el mismo informe el Consejo explica que está tramitando 31 concursos para ocupar 59 vacantes en distintos tribunales de los más diversos fueros y que no tienen ninguna pendiente de envío al PEN. También explica que desde el año 2000 el Consejo remitió al Poder Ejecutivo 221 ternas: en el 2000 (envió 10), 2001 (49), 2002 (31), 2003 (38), 2004 (82) y en lo que va del 2005 y hasta el 26 de agosto (11). Pero, según el informe que el Consejo le entregó a Iribarne, no siempre el Poder Ejecutivo pidió acuerdo al Senado con prontitud. Así, en el 2000 que recibió 10 ternas no elevó ninguna al Senado. En el 2002, que recibió 31, elevó 47 sumándole algunas que le quedaron pendientes de envió del 2001 y en lo que va del 2005 el Gobierno ya elevó 27 pliegos, a pesar de haber recibido 11. Antes de renunciar como ministro, el segundo titular de la cartera judicial, Horacio Rosatti, se llevó por escrito la felicitación de la Asociación de Magistrados por su papel en el proceso de designación de jueces. Aplauso, medalla y beso para el ministro que sucedió a Gustavito Béliz y fuera la cara visible de la quijotada ante el CIADI. Pero los números que seguramente más preocupan al actual ministro no son estos sino los de los miembros del máximo tribunal. El esmerilamiento preelectoral que le están promoviendo desde Diputados dándole bomba al proyecto para reducir a siete el número de miembros de la Corte es como mínimo molesto, con lo cual ido Belluscio, con Boggiano en el patíbulo, y con Fayt con la renuncia ya amarilla de tanto blandirla en amagues, ocasiona que a lo sumo y con suerte el Gobierno podrá nombrar sólo uno y no tres cortistas más. Acostumbrados a la desmesura, uno solo suena a poco. El despacho de la Comisión de Asuntos constitucionales de la cámara joven y que tiene en contra solamente la mitad oficial del bloque justicialista, fue firmado por diputados del duhaldismo, la Unión Cívica Radical, el ARI, el macrismo y la democracia progresista; en una curiosa alianza que logró juntar el agua y el aceite. Si en octubre el oficialismo no gana bien, la primer mojada de oreja, viene por el lado de Justicia. Iribarne ya está avisado.