El 87,40% de los abogados que formaron parte de la muestra (1254 casos en todo el país) aseguró que
el Poder Judicial no es independiente del poder político. Además, casi la totalidad de los encuestados dijo que el actual sistema de justicia
no satisface las necesidades de los ciudadanos, y un porcentaje similar cree que el sistema no es idóneo para resolver los problemas de inseguridad que padece la sociedad.
Siguiendo la misma línea, el 94,70% manifestó que hay que reformar el sistema judicial. Aquí hay que detenerse un instante para ver cuáles serían esa reformas importantes. Para el 21,40% hay que concentrarse en la capacitación, para el 20,70% en la cuestión presupuestaria, para el 20,10% en reformas éticas, y para el 17,20% son trascendentales las reformas tecnológicas.
Teniendo en cuenta algunas reformas concretas que afecten directamente a la Justicia, las opiniones respecto a
bajar la imputabilidad de los menores de 18 a 16 fueron muy repartidas. El 49,10% dijo que está de acuerdo y el 48,50 respondió que no. Algo similar ocurrió con la implementación del juicio por jurados.
En cambio, la mayoría de los abogados (más del 85%) se mostró claramente en desacuerdo respecto a la unificación de los fueros, y en modificar el Consejo de la Magistratura. Ambos proyectos fueron impulsados por el entonces ministro de Justicia, Gustavo Beliz, de hecho se anunciaron en la propia Casa Rosada, pero nunca hubo novedades al respecto desde el Congreso.
Llamativamente o no, más de la mitad de los abogados encuestados (el 54,70%) por el Centro de Estudios Nueva Mayoría dijo que su relación profesional con los jueces es buena. Ese porcentaje cae al 38,20 cuando se les preguntó por la relación con la Corte, al 28,50 con los organismos de control y al 32,10 con el Ministerio de Justicia.
Consultados sobre la manera que utilizan para informarse, el 33% admitió que utiliza páginas webs, y un 97,30% asegura que navega por internet. Lo siguen de cerca como medios de información los Colegios de Abogados y los contactos personales.
Dentro del perfil socio económico de los letrados, el 70,60% egresó de la Universidad Pública y tan sólo el 29,40% estudió y se recibió en alguna facultad privada. A la hora de evaluar los conocimientos impartidos por la Universidad, las opiniones estuvieron bien repartidas: el 42,50% sostuvo que fueron “poco completos” y un porcentaje similar (41,30%) dijo que fue “completo”. Sin embargo, el 93% opinó que la formación universitaria debe actualizar la currícula para responder a las nuevas demandas.
Consultado sobre si interrumpió la matrícula en alguna oportunidad, sólo un 2,60% dijo que sí. El motivo más importante para hacerlo fue que “no ejercen”, aunque también un alto porcentaje dijo que fue por motivos económicos.
Curiosamente, en la actualidad ninguno de los encuestados es desempleado y el 96,70% trabaja en forma permanente como abogado. Teniendo en cuenta la jornada de trabajo, el 83,40% de los encuestados aseguró que trabaja más de 30 horas semanales, casi el 11% lo hace entre 16 y 30 horas y menos de un 4% dedica entre 9 y 15 horas a su profesión.
La encuesta muestra, además, que casi el 70 por ciento de los letrados que contestaron las preguntas desarrolla su actividad en el sector privado, aunque un 23,70% combina el sector privado con el sector público.
dju / dju
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