Lo resolvió la juez Alejandra Petrella, titular del Juzgado Nº 12 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, en autos “Acuña María Soledad contra GCBA sobre amparo (art. 14 ccaba)” a raíz del pedido de la diputada porteña Soledad Acuña que solicitó -entre otras cosas- la inmediata clausura de los Pabellones Griesenger y Pinel B del Hospital Moyano porque no se han llevado a cabo obras que garanticen su seguridad.
La actora fundó su pedido en el acta -labrada por un escribano público- de la cual surge que: en el pabellón Griesenger, se observa un adecuado sistema de calefacción recientemente instalado y noventa y cuatro pacientes, a cargo de dos enfermeras. Agrega que salvo en la sala dos, en las restantes salas se observan frazadas y sábanas en mal estado, pasillos y techos descascarados, matafuegos en orden y menciona que no se está realizando ninguna obra. Respecto al pabellón Pinel B, se observa un nuevo sistema de calefacción en todo el pabellón; pero el office de enfermería se habría desmoronado; presencia de cincuenta y dos pacientes y una sola enfermera.
Por us parte, el Gobierno de la Ciudad manifesta que se están efectuando los trámites correspondientes a fin de llevar a cabo las obras en cuestión, de conformidad con la operativa de emergencia dispuesta por el Decreto 675/05.
A su turno, el Asesor Tutelar ratificó los dichos de la actora en cuanto a la falta de obras en los Pabellones Santa María, Pinel A y Magnan y pide la clausura de los Pabellones Pinel B y Griesenger. Solicita, asimismo, que se dicte una medida cautelar que ordene al GCBA asignar como mínimo cinco enfermeros o enfermeras más por cada turno en los Pabellones Riglos, Griesenger, Pinel B, Tomasa Vélez Sarsfield y Bosch Oeste.
Luego de evaluar los informes de los peritos designados en autos a propuesta de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires acerca de los pabellones Griesenger y Pinel B, la juez concluyó que “el estado de los pabellones amerita una urgente reparación y por ello, para poder llevarla adelante, éstos deben estar deshabitados ya que así lo recomiendan los expertos”.
“Las constancias de autos son contundentes y me llevan a determinar que el único camino para preservar la salud de quienes están internadas en dichos pabellones es disponer su clausura hasta tanto éstos reúnan condiciones mínimas de habitabilidad”, agregó.
De otra manera –para la magistrada- se configuraría un peligro cierto e inminente para las pacientes que actualmente se encuentran internadas o las que en un futuro pudieran internarse en los pabellones Griesinger y Pinel B. “Máxime que, tratándose de pacientes con padecimientos psiquiátricos, deben extremarse los recaudos a la hora de su protección, en orden a que su alto grado de sensibilidad las torna más vulnerables ante una situación de peligro potencial”.
Por otra parte, la juez aseguró que el traslado no va a ocasionar un perjuicio irreversible en las pacientes, pues se habrá de otorgar un plazo razonable para llevarlo a cabo en forma ordenada. “Aún cuando el cambio de lugar pudiera alterar a las internas, este daño sería mucho menor que el que se produciría si finalmente la estructura edilicia de los pabellones colapsara”, indicó Petrella.
Por todo ello, la magistrada dispuso la clausura preventiva de los pabellones Griesinger y Pinel B a partir del día 9 de noviembre de 2005 y hasta tanto reúnan las condiciones mínimas de habitabilidad, las que serán ponderadas por los cuatro peritos designados por el tribunal y el asesor tutelar, a quienes se les dará intervención previa al eventual levantamiento de la presente medida.
Además, le ordenó al GCBA que proceda a trasladar a las pacientes alojadas en los citados pabellones a otros lugares de internación, en caso de que resulte inviable su reubicación en otros pabellones del Hospital, y que presente un plan de obras destinado a la reparación de los pabellones Pinel B y Griesenger.
En lo relativo al tema del personal, higiene, frazadas y demás ropa de cama, la juez intimó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que en el término de cinco días presente un informe completo al tribunal, en el que justifique la situación descripta por el asesor tutelar.
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