La presentación la realizó Adrián Ventura quien pidió que se condene a la institución, al brigadier José Vanden Panhuyen y el comodoro Jorge Antonio López, al pago de 45 mil pesos en concepto de daño moral, en virtud del supuesto espionaje del que fue victima, junto con otros colegas que analizaron la privatización de los aeropuertos.
En noviembre de 1998, varios matutinos revelaron que miembros de la Fuerza Aérea, cumpliendo ordenes de superiores, habrían espiado y realizado otras tareas de inteligencia a Ventura y otros nueve periodistas.
El diario Página 12, publicó el 23 de noviembre de 1998 que "el espionaje interno" por parte de los "servicios de la Fuerza Aérea", se produjo porque los periodistas "elaboraron artículos donde realizaban críticas a la seguridad aeroportuaria y la privatización a llevarse a cabo" en los aeropuertos.
Ese y otro operativo anterior fueron ordenados por el departamento III de la "Jefatura de Inteligencia de la Fuerza Aérea", a cargo del Comodoro López dependiente del brigadier Vanden Panhuysen. La orden contenida en la OPI 057/97 de la Fuerza Aérea, mencionaba además de Ventura, a los periodistas Rolando Barbano, Alcadeo Oña, Roberto Solans, Carlos Rodríguez, José Toyah, Hernán Firpo, Sergio Moreno y Dolores Oliveira. Los dos militares fueron separados de la institución y el entonces jefe del arma, Rubén Montenegro, envió una carta a Ventura donde le expresaba sus "sinceras disculpas, como así también la profunda indignación y notorio desagrado por posibles actitudes violatorias de la ley vigente".
Como la ley de Defensa Nacional prohíbe a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de inteligencia interior, López, Vanden Panhuysen y otros tres oficiales fueron procesados por el juez federal Gabriel Cavallo.
En sus declaraciones indagatorias ante el magistrado y el fiscal federal Miguel Ángel Osorio, algunos de los procesados reconocieron haber "hecho" el seguimiento a los periodistas ante lo que se consideraba una "campaña mediática" para desprestigiar a la fuerza y afectar a la defensa nacional.
Ventura, quien además de ser redactor de la sección política del diario La Nación, se desempeña desde hace años como profesor en la carrera de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, sostuvo que la OPI 057/97 constituyó "una afrenta" y "una intromisión en la intimidad de las personas aludidas en el documento".
El periodista agregó que la ofensa contra su honor no se agotó con la orden de espiarlo, sino con la justificación posterior sobre la necesidad de conocer en que medios trabajaban los periodistas investigados porque podían no entender "profundamente" temas de "interés crucial" como las privatizaciones de aeropuertos.
Ventura expuso que la Fuerza Aérea no sólo dudó de su capacidad, sino que "divulga su desconfianza" con lo que incorporó a "un nuevo factor de descrédito" en su contra y lo hace aparecer ante la opinión pública sospechado por intereses contrarios a los de La Nación.
Ventura marcó el "riesgo" que entrañó la conducta de la institución, al acotar que "si la duda de la Fuerza Aérea tuviera justificativo", hasta la magistrada que tramita esta causa podría ser investigada, si, a criterio del arma o de algunos de sus jefes, la juez no entiende "profundamente" el tema sometido a su jurisdicción.