Así se sumaron nuevos apoyos a la juez del Superior Tribunal de Justicia, Marta Catella, el fiscal de Estado, Lloyd Jorge Wickstrom, y el juez de instrucción penal de Oberá, Horacio Alarcón, quienes están atravesando juicios políticos por fallar en contra de funcionarios del gobierno provincial. Los magistrados también fueron respaldados públicamente semanas atrás por organizaciones civiles y por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS).
“En la provincia de Misiones, como corolario del triunfo electoral del oficialismo gobernante, están aconteciendo situaciones extremadamente preocupantes” afirma la diputada Peso, miembro del bloque duhaldista Peronismo Federal, en su proyecto en relación a las elecciones legislativas de octubre pasado.
A Catella actualmente se le sigue un juicio político por supuesto prevarico cometido al rechazar una apelación del intendente de la localidad de San Vicente, Luis Benítez, que había sido destituido por el Consejo Deliberante local. La juez también había fallado en contra de un concejal y un diputado oficialista en la disputa de bancas legislativas que finalmente fueron otorgados a la oposición. Wickstrom “se ha destacado por su firme defensa del patrimonio público” , considera el proyecto, e inclusive a denunciado penalmente al Gobernador por delitos cometidos como funcionario. Mientras que Alarcón investigaba un asesinato en el que estaría involucrado el hijo de la diputada oficialista Marlene Cavallo. Alarcón fue apartado de la causa y tiene un pedido de juicio político.
“Los tres casos tienen en común que los funcionarios se han destacado por sus firmes posturas en contra de actos de gobierno” entiende Peso para quien “no cabe sino concluir que en Misiones reina el más absoluto desprecio por la independencia del Poder Judicial y de los cargos institucionales”.
Por eso la diputada presentó el 23 de enero un proyecto para que la Cámara de Diputados declare “su preocupación por la situación institucional que atraviesa la Justicia de la provincia de Misiones a raíz de las arbitrarias persecuciones contra Jueces y funcionarios de rango constitucional”.
Semanas atrás JUFEJUS había rechazado el juicio que se le sigue a Catella por entender que “los jueces no pueden ser molestados por el contenido de las sentencias” y que “la Justicia debe mantener su independencia de criterio y de funcionamiento y los demás poderes deben contribuir a ese objetivo”.
Por su parte seis organizaciones no gubernamentales se solidarizaron con los magistrados denunciados y rechazaron “la utilización de los mecanismos de destitución contra jueces que demostraron ser independientes”. Mediante una carta abierta dirigida a la sociedad misionera, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), afirmaron que “la independencia judicial es uno de los principios básicos para la consolidación de las instituciones democráticas. Cualquier medida que pueda ser sospechada de parcialidad, o una intromisión en el ámbito propio de otro poder público, debilita la división de poderes y pone en peligro el normal funcionamiento del sistema democrático”.