El gobierno peruano fue intimado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a reparar económicamente por el perjuicio causado a una profesora condenada erróneamente por actividades terroristas. El tribunal continental ratificó lo dispuesto el 27 de noviembre del año pasado e intimó al gobierno de Alberto Fujimori a "dar pronto cumplimiento a la sentencia de reparaciones" en el caso de la profesora Loayza Tamayo. Así se pudo saber a través de una resolución del organismo dada a conocer en San José de Costa Rica, donde tiene su sede, en la que se recordó que Perú ratificó su adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La CIDH, presidida por el magistrado brasileño Antonio Cancado Trindade, desestimó así el alegato de un tribunal peruano, que declaró "inejecutable" la sentencia de la Corte dictada el año pasado y en la que se ordenaba el pago de 350.000 dólares a Loayza.
En su descargo, Perú argumentó que "los peticionarios no cumplieron con el requisito de agotar la jurisdicción interna para recurrir a la jurisdicción interamericana".
En respuesta a esos reclamos, La CIDH. recordó que ese argumento había sido desestimado durante el proceso, con sendas resoluciones emitidas el 31 de enero de 1996, y el 17 de septiembre de 1997 por ser "notoriamente improcedente".
La Corte americana, que funciona en la esfera de la OEA, recordó que de acuerdo con el artículo 67 de la Convención Americana, los fallos del tribunal son "definitivos e inapelables" y hay 90 días de plazo para que las partes soliciten una interpretación, y estas están obligadas, según el artículo 68.1, a cumplir las sentencias.
Asimismo, recordó que de acuerdo con la legislación y la jurisprudencia internacional, los Estados no pueden aducir razones de orden interno para dejar de asumir la responsabilidad internacional ya establecida.
El alto tribunal también ordenó, en otra resolución, que el gobierno peruano de cumplimiento a otra sentencia por la cual se dispuso la anulación del juicio militar seguido a cuatro chilenos, condenados a cadena perpetua por terrorismo.
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