A 24 horas de que Santiago Montoya, subsecretario de Ingresos Públicos de la provincia de Buenos Aires, pidiera más poder para cobrar impuestos y dejara abierta la posibilidad de impulsar
una reforma de la Constitución Nacional, el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires hizo una presentación este lunes ante la Suprema Corte de Justicia Bonaerense solicitando la inconstitucionalidad de los llamados “superpoderes”, que la Legislatura le otorgó a Rentas a fines de 2005.
“El principio de Supremacía Constitucional impone a todo magistrado la obligación de examinar las normas en los casos concretos que se traen a su decisión comparándolas con el texto de la Constitución para indagar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas si la encuentra en oposición a ella. Dicha atribución constituye uno de los fines supremos y fundamentales del Poder Judicial y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consagrados en la Constitución Nacional”, dice el escrito que presentaron los letrados ante el máximo tribunal provincial.
Asimismo, el Colegio provincial califica de “exorbitante prerrogativa” al contenido de la ley cuestionada y asegura en la presentación que
“constituye una flagrante violación a los principios enunciados en la Constitución Nacional”. “A través de ésta situación se está denegando llanamente el acceso a la justicia, entrando en una manifiesta violación de principios básicos de nuestro sistema de convivencia política y social que se expresan en la forma republicana de gobierno, el sistema de división de poderes y el control recíproco de éstos”, sostiene.
Con relación al
papel de los jueces, la entidad que preside Jorge Alvarez recalcó en su demanda que “no deben ser ni tampoco parecer funcionales al poder político de turno”. “Deben aplicar la ley, a pesar y en contra de los deseos de la Casa de Gobierno, si correspondiere, incluso cuando se alegaran razones de emergencia, porque son el muro constitucional de contención de la arbitrariedad del poder público y también del privado”.
Entre otras cosas, los superpoderes autorizan a la Dirección de Rentas a
trabar embargos y secuestrar automotores de deudores sin autorización judicial, como se hizo hace pocos días en el partido de Vicente López, donde los sabuesos de Montoya se llevaron, por primera vez, una camioneta Mercedes-Benz modelo 2001 cuyos propietarios adeudaban las patentes.
Al respecto, los abogados aseguran que
“no basta para intentar justificar estas facultades determinar que sólo se efectuará sobre vehículos que superen cierto valor y cuando se trate de deudas supuestamente importantes, pues en cualquier caso, el derecho de propiedad de los habitantes de nuestro país es inviolable, salvo que exista una sentencia de un juez competente fundada en ley (art. 17 CN)”.
Consultado sobre las nuevas atribuciones de Montoya, Alvarez dijo que “en la historia argentina no existen antecedentes de tamaña atribución de funciones en una sola persona” y que “se están atribuyendo facultades a un funcionario del Poder Ejecutivo, que en la práctica implican la suma de las funciones del Estado, ya que se encuentra detentando, además de las propias de la actividad ejecutiva, atribuciones de tipo legislativo (reglamentación de la ley) y judiciales (director de procesos cautelares, ejecutor de sentencias y sanciones)”.
Pese a la
lluvia de críticas, que incluyen a prestigiosos juristas, el subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense habló este fin de semana de
promover un debate nacional para ver si es necesario reformar la Constitución Nacional. Además, aseguró que actúa aplicando una norma legal vigente y destacó que la que rige en Buenos Aires es similar a otras que "se utilizan en muchos países" y a una que permitió a Francia "superar sus niveles de recaudación".
Durante la feria de enero,
la justicia provincial ya rechazó un amparo presentado por la Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA) que pretendía declarar inconstitucional la Ley 13.405 que modificó el Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires y le otorgó los polémicos “superpoderes” a Montoya.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín confirmó el fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Federico Gallo Quintián al entender que el amparo no era la vía más idónea para solicitar la inconstitucionalidad de la norma. Esa resolución ya fue apelada ante la Corte Suprema.
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