In Voce

HAY QUE HACER M… A LOS EVASORES. A 30 años del golpe y aún con sus hondas heridas sin cicatrizar, los argentinos podemos decir que con sus más y con sus menos, hemos incorporado por la voluntad o por la fuerza que con los derechos humanos no se jode. Pero como siempre, cuando de derechos se trata, para decir que son plenamente respetados, éstos deben ser garantizados a todos. Ya nos quemamos con fuego con la teoría facilista de que el fin justifica los medios, y que en aras de lo que se suponía necesario, el Estado podía aplicar las técnicas más aberrantes. Las naciones maduras saben que a pesar de que la tentación sea grande y que el problema a resolver sea enorme e inmanejable, nunca la ilegalidad debe ser justificada, y mucho menos si de derechos humanos se trata. El fin no justifica los medios aunque haya un fin loable de por medio. Acabar con el terrorismo, no autoriza a torturar y desaparecer gente, tampoco acabar con el delito autoriza a la cárcel sin pruebas, la no defensa en juicio o el gatillo fácil. El verdadero compromiso con los derechos humanos es defenderlos hasta de la gente que nos parece deleznable. Ocuparnos de los derechos humanos de nuestros hijos seguramente que será una ecuación muy limpia y fácil, pero hacerlo con el tipo que se atrevió a robar nuestra casa, no resulta tan lineal. A menudo encontramos justificativos para hacer relativismo y autoconvencernos de que hay humanos y humanos, y que por eso tienen distintos derechos. El tema hot en materia tributaria hoy por hoy es el tema de las presunciones. Pocos son los que discuten cuando la DGI las hace valer en su ámbito propio, es decir, en el terreno administrativo. Si acepto el reclamo, pago, si no lo discutimos en tribunales. Pero el tema se pone mucho más serio cuando esas presunciones forman parte de una denuncia penal y el contribuyente, a la sazón el imputado, lo único que ve es la escala penal con que lo amenaza la ley. Mucho se está escribiendo sobre este tema y de a poco, como en todas las cuestiones de derecho, se van formando las dos bibliotecas. El mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos se está ocupando de cuestiones impositivas. Así como lo hizo contra la tortura, luego a favor de los derechos civiles o de la libre elección sexual, ahora llegó el turno de los impuestos. Sobre todo en España, actualmente con gran influencia en la dogmática penal criolla, se veta cualquier posibilidad de exigencia al contribuyente de la prueba diabólica de los hechos negativos. Es que el tema de la realidad económica alcanza y sobra para el ámbito administrativo –se ve que tenés tanto y tenés que pagar tanto- pero en materia penal no es un principio que pueda dar el hecho por probado para llevar al contribuyente a la cárcel. Para eso hace falta muchísimo más que una presunción. Y ese es el tema que divide aguas. ¿Aplicar el poder del Estado para mandar un contribuyente a la cárcel sobre la base de presunciones demostrando mano dura contra la evasión es un gesto políticamente correcto o es una violación soft a los derechos humanos? Ya en la época de los romanos estaba casi todo permitido salvo dos cosas: la no lealtad al emperador y la evasión de impuestos. Como se ve el tema tiene sus años y el enfrentamiento de pobres contra ricos no deja de tener su encanto marketinero. El garantismo no es solo para el ratero de la villa sino también para el dueño del Mercedes Benz que secuestró Montoya. Por eso los jueces que reaccionaron poniéndole un freno al Estado no hicieron más que mostrar un sano juego dentro del equilibrio de las instituciones, a pesar de las protestas del gobierno provincial, que los tildó una vez más de deleznable corporación.

UN LUGAR BAJO EL SOL. Sin duda el proceso de juicio político contra el ex juez de la Corte Antonio Boggiano y su posterior destitución por parte del Congreso dejó en el magistrado una sensación muy amarga, y más ahora que se acerca indefectiblemente su final como integrante del máximo tribunal. Sucede que ya están juzgadas y jugadas todas las cartas, o casi todas. Esta semana, el Procurador rechazó los argumentos de ex cortista y le recomendó a la Corte de conjueces (integrada por presidentes de cámaras federales de todo el país) que avale su remoción bajo el argumento de que la decisión del Senado de echarlo de su cargo es política, y no puede ser revisada por la Justicia. Todavía no está definido cuando se decidirá el tema. Algunos arriesgan que podría ser el mes que viene. Sea cuando sea, es muy difícil que los conjueces (los titulares se excusaron) den vuelta un dictamen como el de Righi. Mientras tanto, cuatro secretarios jóvenes (dos hombres y dos mujeres) calientan una silla en tribunales a la espera de que se resuelva su situación. Según cuentan quienes frecuentan el cuatro piso, los cuatro (dos a la mañana y dos a la tarde) trabajaban con Boggiano pero quedaron a la deriva tras la destitución del magistrado. El despacho del juez, aclaran, sigue vacío. Solo quedaron los libros (no eran suyos) y una computadora que solía utilizar. Luego de la destitución, a fines de septiembre, Boggiano decidió adoptar un perfil mediático y salir a contestar todo. También siguió yendo a su despacho, en una actitud desafiante y provocativa. La estrategia no cambió casi nada su situación y retomó el bajo perfil, que le sentaba más cómodo. Ahora espera, con calma, el final de la novela que lo tiene como protagonista. Sus secretarios esperan que alguien se acuerde de ellos. En realidad el plantel de colaboradores de los que ya fueron (Nazareno, Moliné, Vázquez y López) pudieron reacomodarse dentro de los pliegues que el supremo tribunal fue incrementando a la manera de capas geológicas propias de la administración pública. Allí el culto a la reserva sobre orígenes y ex padrinos provoca que la rueda gire en forma continua y sin chirridos. En un país donde los ministros de la Corte "no están para leer los expedientes" el papel de los secretarios, se agiganta. Algunos, luego de su salida, hacen uso de la famosa fe de los conversos y se esfuerzan por mostrarse amplios y colaborativos estén donde estén. Así lo muestra la tradición de ex funcionarios de las Cortes de todos los tiempos que salidos del máximo tribunal han logrado escalar posiciones en las más diversas instancias de la Justicia de todo el país. En general se trata de gente de sólida formación académica y vastos conocimientos de derecho, que deben cargar con el antipático mote de “ex de”. Como siempre, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.

MUTIS POR EL FORO. Desde mayo del 2005 que el Consejo discutió un tema en el que nunca hubo acuerdo para llegar a un consenso: fijar o no un plazo de caducidad para las denuncias contra los jueces. El tema dividió fuertemente las aguas. Las posturas eran claras: por un lado estaban los que querían establecer un plazo de dos años para archivar las denuncias contra las magistrados si transcurrido ese plazo la Comisión de Acusación no emitía un dictamen. Esta postura era defendida principalmente por los jueces quienes argumentaban que no se podía tener a un magistrado con una denuncia eterna y que todos los delitos tienen una prescripción. Entre quienes defendían que no haya plazos para las investigaciones estaban algunos de los representantes políticos. Decían que archivar las denuncias era dejar una sospecha permanente contra el juez y que los retrasos en las investigaciones muchas veces son porque los denunciados dilatan el avance de la causa. El tema se discutió en tres o cuatro plenarios (en uno de ellos fueron ONGs para dar su opinión) y fue tan importante que el presidente del Consejo, Enrique Petracchi, que nunca va a las reuniones, cuando se trató el tema siempre estuvo presente. Después de escuchar a las ONGs se fijó que al plenario siguiente el tema iba a tratarse. Pero pasaron dos meses en el que en el Consejo nadie hablaba del tema. “No hay voluntad para tratarlo”, dijo un consejero a favor de fijar un plazo. “Por mí que nunca se trate” señaló otro en contra de la caducidad. Tanta postergación que llegó diciembre, mes en el que en el Senado se empezó a discutir el proyecto para modificar el Consejo y que incluía un plazo de caducidad de tres años. Lo que queda claro es que desde el Gobierno querían un plazo: el proyecto legislativo fue presentado por Cristina Fernández de Kirchner y el que se discutió en el Consejo por el representante del Poder Ejecutivo, Joaquín Da Rocha. Vale suponer que los consejeros decidieron evitar cualquier tipo de decisión ya que la nueva ley la anularía. Por eso en el plenario del 1 de diciembre, Petracchi propuso enviar el proyecto a donde empezó: en la Comisión de Acusación para que se siga debatiendo (más de todo lo que se debatió) con los nuevos consejeros. El resto es historia más conocida. El Congreso aprobó la nueva ley y así el plazo de caducidad. “La decisión de abrir un procedimiento de remoción no podrá extenderse por un plazo mayor de tres años contados a partir del momento en que se presente la denuncia contra el magistrado. Cumplido el plazo indicado sin haberse tratado el expediente por la comisión, éste pasará al plenario para su inmediata consideración” establece el inciso 3 del artículo 7 de la nueva ley 26.080 del Consejo. Un dato clave: este plazo no correrá para las denuncias en trámite, sino para que las presenten a partir de noviembre de este año cuando entre en vigencia la nueva ley. Así, después de la tormenta mediática que provocó la ley de reducción del Consejo puede empezar a quedar en claro el por qué de la posición de extrema prudencia que adoptaron los jueces en contraposición al estridente reclamo de los abogados en contra de la reforma. Seguramente las pacientes y extensas charlas del camarista Luis María Cabral, número dos de la Asociación de Magistrados con Horacio Desimone, principal asesor en materia judicial del jefe de la bancada oficialista del Senado, Miguel Pichetto, rindió sus frutos. No tan jugosos como los jueces hubieran pretendido (querían mantener el cuarto juez en el Consejo y aspiraban a la prescripción luego de los dos años se esté tratando o no el expediente), pero fue mucho más de lo que lograron los otros sectores. Además, pasarán a integrar la Comisión de Acusación que antes balconeaban desde afuera y ahora en virtud de su unificación con Disciplina contará con representantes jueces. No hay mal que por bien no venga, se escuchó decir en la sede de la calle Lavalle. Cabral soldado heroico.

alejandro s. williams / dju