La polémica por los radares y las multas fotográficas ataca de nuevo. En Santiago del Estero, el Defensor del Pueblo, Darío Alarcón, amenaza con acudir a la Justicia Penal si las municipalidades de
Colonia Dora y Pinto no retiran dos radares controladores de velocidad ubicados
sobre la ruta nacional 34. Los aparatos fueron autorizados por ordenanzas comunales pero estarían prohibidos por un decreto y por la misma Justicia provincial.
“En esta provincia Vialidad Nacional no autorizó ubicación de radar alguno y tampoco la Secretaría de la Competencia, que es el organismo de control en la materia. Los aparatos de medición deben ser homologados y controlados anualmente por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) que como órgano técnico sigue la Resolución 753/98 de la Secretaría de Industria y Comercio que, en el caso local, sería la Dirección de Industria y Comercio”, explicó Alarcón.
El sistema contratado por los municipios de esas ciudades, ubicadas en el sur de Santiago, comenzó a operar hace aproximadamente tres meses, en contra de lo establecido por el
Decreto Serie “E” 894, del 13 de junio de 1997, mediante el cual se “suspendió el uso de radares y todo sistema electrónico para control de velocidad en todo el territorio provincial”.
A ello se suma lo ocurrido hace poco tiempo en la ciudad de Loreto, donde el juez Abelardo Basbús,
declaró inconstitucional una ordenanza de concesión de servicios de fotomultas.
En diálogo con
DiarioJudicial.com, el defensor del Pueblo santiagueño adelantó que
“en la ciudad de Pinto ya se levantó el radar”. “Estamos aguardando qué sucede con le radar de Colonia Dora. Si no hay noticias iniciaremos acciones en el transcurso de esta semana”, añadió.
En el país, según datos del 2005,
sólo hay quince radares habilitados: trece en Santa Fe y dos en Córdoba. “No son válidas las faltas captadas por radares que no se hayan sometido a las pruebas que indica la
Ley 25.650 sancionada en septiembre del 2002”, explicó Alarcón. Sin embargo,
hay radares en las rutas de varias provincias sin la supervisión técnica de la Nación.
Por último, el Defensor del Pueblo denunció el accionar de algunos estudios jurídicos que intervienen activamente en el cobro de las fotomultas. “En efecto, los estudios jurídicos son parte, en el contrato de concesión del sistema para multar, donde las comunas reciben el 20% ó 30% de lo recaudado. A ello, se agrega la incertidumbre de la comunidad sobre el destino cierto que tienen esos dineros que ingresan en la comuna”, dijo.
En la mayoría de los casos intervienen estudios porteños, porque los propios infractores viven en la Capital Federal. Ellos intentan lograr que el supuesto infractor pague, dentro del plazo previsto, y que el trámite no se traslade a la Justicia. Quienes sufrieron la “persecución” de esos abogados dan fe de los perjuicios que puede generar el exceso de velocidad y el ánimo recaudador sin límites.
El problema de los radares y las fotomultas forma parte de la
agenda de temas que serán discutidos en el próximo encuentro de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), que se desarrollará en Río Cuarto, Córdoba, el 30 y 31 de marzo.
dju / dju
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