El proyecto que propone la inclusión del acoso sexual -como delito- en el Código Penal comenzó a discutirse este martes en el ámbito de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por Vilma Ibarra, pero estuvo muy lejos de recibir un dictamen. Los legisladores presentes, en su mayoría mujeres, escucharon atentamente los argumentos de los juristas Gustavo Bossert, ex juez de la Corte, y Ricardo Gil Lavedra, quienes redactaron la iniciativa. También siguieron de cerca la participación de Alejandro Slokar, secretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, quien se manifestó contrario a modificar el Código Penal para introducir esta figura. Eso generó algunos discursos encendidos por parte de varias senadoras que apoyan la iniciativa.
En su breve intervención, Slokar -un funcionario joven pero experimentado del Ministerio de Justicia- hizo una serie de referencias al
Derecho comparado para concluir que las penas previstas en el proyecto (seis meses a cinco años de prisión) son muy altas.
El funcionario hizo referencia al
caso español, donde se incluyó el acoso sexual en el Código Penal (artículo 184) pero con una pena máxima de 24 fines de semana de arresto o multa. Pero también hizo una mención a la realidad de Portugal y Brasil, donde las penas máximas por ese delito no superan los dos años de prisión, y al caso paraguayo.
Además, Slokar hizo mención a la posibilidad de utilizar en los casos de acoso la figura prevista en el
artículo 149 bis, 2do. párrafo, aunque aclaró que la pena mínima (dos años) del delito de coacción es muy alta. También hizo mención al trabajo de la Comisión de Reforma Penal, que prepara en silencio una reforma integral al CP, dando a entender que estaba en contra de avanzar en reformas parciales. “Me resisto a que lo único que cambiemos sea el Código Penal”, concluyó.
El breve discurso de Slokar, con citas bibliográficas y estadísticas nacionales de por medio, generó un encendido discurso de la senadora
Liliana Negre de Alonso, quien criticó al funcionario y lo acusó –subrepticiamente- de no caminar las calles ni hablar con las mujeres que sufren el acoso. La legisladora adolfista coincidió en que “no hay que emparchar el Código” pero sostuvo que “hay que legislar”. También apoyaron el proyecto las senadoras Sonia Escudero y María Cristina Perceval, que hasta hace poco era una de las candidatas para suceder a Pampuro en el Ministerio de Defensa.
La iniciativa, que penaliza con hasta cinco años de prisión el acoso sexual, fue presentada formalmente en junio de 2005 por la ex senadora (ahora diputada) Diana Conti, que también estuvo presente ayer. Sin embargo, recibió el apoyo, desde un comienzo, de un grupo de 20 senadores y senadoras de distintos partidos.
A su turno, Ricardo Gil Lavedra coincidió en que “hay que ser prudente al introducir reformas penales”, pero aclaró que el delito “no está contemplado en el Código” actualmente. En respuesta a los dichos de Slokar, el reconocido jurista aclaró que
el proyecto “establece una hipótesis concreta de coacción”. Algo similar planteó la senadora Vilma Ibarra al comienzo de la reunión, que se llevó a cabo este martes por la tarde en el salón Auditorio del Senado. “Al Código hay que tocarlo poco pero esto no implica dejar señales de impunidad”, remarcó.
Por su parte, Bossert dio algunos datos surgidos de encuestas hechas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del gremio UPCN sobre acoso sexual. “La OIT ha revelado que en la inmensa mayoría de los casos, dentro del ámbito laboral, es la mujer la víctima; y es el hombre —en general casado y mayor de 40 años— el acosador", explicó. El trabajo local muestra otro dato escalofriante: 12% de las encuestadas aceptaron que habían sido acosadas duran el ultimo año.
Según un informe de la OIT de 1996 sobre treinta y seis países,
la Argentina es uno de los que registran la tasa más alta de acoso sexual en el mundo, junto a Francia, Inglaterra, Canadá y Rumania.
Además, el ex magistrado recordó que el acoso puede darse “cuando una persona, que se encuentra en un lugar de jerarquía, le pide favores sexuales a un empleado o empleada bajo amenaza de perjudicarla”. “Pero también puede darse en el colegio o en un equipo deportivo”, aclaró.
El proyecto de ambos juristas incorpora al Código Penal el artículo 149 quáter, que establece: "será reprimido con prisión de seis meses a cinco años el que prevaliéndose de una situación de superioridad jerárquica, laboral, docente o de otra índole, efectuare un requerimiento de carácter sexual, para sí o para un tercero".
El texto se refiere a un requerimiento "bajo la amenaza de causar a la víctima, en caso de no acceder, un daño relacionado con las legítimas expectativas que ésta pudiera tener en el ámbito de esa relación".
dju / dju
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