Degiorgis es integrante de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y actuó como juez preopinante en una causa de sucesión por $46.000.000 a raíz de la muerte de Juan Carlos García Badaraco en 1991. El fallo de primera instancia del Juzgado Civil N° 78 distribuyó la herencia de acuerdo al testamento. Pero la alzada revocó esa sentencia.
En diálogo con este medio el instructor de la denuncia, el consejero Beinusz Szmukler, señaló que se acusa a Degiorgis “de haber modificado la sentencia de primera instancia para beneficiar a uno de los herederos en detrimento de los otros y esa sentencia fue declarada nula por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, está probado en la causa una relación entre Degiorgis con un martillero (Enrique Lanusse Naón) que habría sido el intermediario entre el juez y los beneficiarios de la resolución donde hay una imputación de que se le habría pagado un millón de pesos. Pero no estamos acusando por el delito, que no esta probado, sino porque es evidente que cualquiera haya sido el motivo que llevo a Degiorgis a fallar como falló era violando la ley y en beneficio de una de las partes”.
El voto de Degiorgis fue acompañado por sus colegas de Sala, Julio Moreno Hueyo y Teresa Manuela Estevez Brasa, que ya no son jueces. Moreno Hueyo renunció el 1 de noviembre de 2005 y Estévez Brasa el 31 de marzo de 2004.
Consultado por este medio, Degiorgis se mostró sorprendido y dijo que la causa se resolvió con “un voto por unanimidad con tres acuerdos y me tocó ser el primero en votar”.En relación a la supuesta coima afirmó que fue sobreseído por la Justicia. “Mi sobreseimiento fue confirmado en Casación Penal en cuanto a los hechos que me involucran de que me iban a dar un millón de pesos si hacia una sentencia favorable a una de las partes”, dijo el juez en dialogo telefónico.
Uno de los herederos, Ricardo García Badaraco, denunció que la revocatoria de sentencia se produjo por un acuerdo entre los abogados de uno de sus hermanos y Degiorgis “a cambio de la promesa de pago a este último de la cantidad de $1.000.000”, según se desprende del dictamen y también señaló que Lanusse Naón le dijo que el monto de los honorarios de uno de los abogados, Carlos Laplace, “habría sido producto de un arreglo” con el juez.
“El juez comprometió la dignidad de su cargo y su imparcialidad al dictar un acto jurisdiccional que carecía de los requisitos mínimos para sustentarlo válidamente como tal, favoreciendo deliberadamente a una parte y, por ello, incurriendo en arbitrariedad manifiesta”, dice uno de los párrafos del dictamen acusatorio, al que accedió DiarioJudicial.com, y que fue aprobado por unanimidad de los siete integrantes de la Comisión de Acusación: Federico Storani, Luis Pereira Duarte, Szmukler, Marcela Rodríguez, Diana Conti, Carlos Kunkel y Nicolás Fernández.
“El juez contaba con todos los elementos para sentenciar conforme a derecho y a los hechos. Por el contrario, si falló alevosamente con manifiesta parcialidad, fue por razones espúreas ajenas a una cuestión legal”, afirma el dictamen que agrega que Degiorgis “puso en peligro el buen servicio de la administración de justicia, habida cuenta que con su conducta no garantizó el debido proceso, en el cual la imparcialidad del juzgador es condición necesaria”.
Ahora el dictamen acusatorio debe ser analizado por el plenario del Consejo de la Magistratura. Si lo ratifica Degiorgis quedará suspendido en su cargo por 180 días, plazo en el que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberá realizar el juicio político.