En una diligencia llevada a cabo ante el juez federal Claudio Bonadío, el máximo responsable de LAPA reiteró que había sido privado de su libertad e impedido de realizar las tareas inherentes a su cargo de presidente de la empresa, el 31 de agosto pasado cuando un avión de su firma se accidentó en el aeroparque.
Según voceros judiciales, Deustch habría minimizado el alcance de sus afirmaciones, al asegurar que no sabe técnicamente si el encuadre jurídico que corresponde a la situación por él vivida es la de "secuestro". No obstante, reiteró que la noche del accidente, en el que murieron 67 personas, no pudo disponer libremente de su voluntad porque un juez y un secretario le impedían moverse de acuerdo a su voluntad. La causa que tramita Bonadío se inició a raiz de expresiones vertidas por Deustch cuando prestó declaración indagatoria, sin juramento de decir verdad, ante el juez federal Gustavo Literas, quien investiga el accidente registrado en inmediaciones del aeroparque Jorge Newbery.
Aseguró que la noche de los hechos no pudo atender a los familiares de las víctimas pués el juez (Literas) y un hombre "de anteojos", al que luego identificó como el secretario Pablo Bertuzzi, lo habían "secuestrado ilegítimamente". Como el secuestro es un delito de acción pública, el magistrado, al tomar conocimiento de un presunto ilícito, expidió testimonio y lo envió a la Cámara Federal donde, tras el sorteo de rigor, se determinó que le correspondía investigar a Bonadío. De acuerdo a las normas procesales corresponde ahora, luego de la ratificación, que el juez Bonadío remita el expediente al fiscal para que dictamine si corresponde dar curso a la denuncia o si, por el contrario, sugiere su desestimación. _