NO SOY DE AQUÍ NI SOY DE ALLA. Generalmente se asocia a los gobiernos progresistas con aquellos que sostienen ideales de izquierda o centro izquierda. Es por todos conocido que los gobiernos que se sucedieron en la última década en el vecino país de Chile, son de ese signo. Sin embargo pocos saben que la Constitución que rige al país trasandino tiene una cláusula en donde se prohíbe expresamente el derecho de huelga de los empleados públicos y de personas que trabajen en empresas privadas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. Mientras tanto, aquí en Buenos Aires, una nueva hora comienza. El horizonte de la legislación laboral se está expandiendo a un ritmo frenético. Pululan en el Congreso varios proyectos de ley que pretenden superar por izquierda a lo que hace años ya vienen consagrando los jueces del fuero laboral. No es novedad para nadie que en los tribunales los trabajadores tienen todas las de ganar. Las leyes, supuestamente progresistas, sólo lograrán convalidar lo que ya viene siendo costumbre establecida en los fallos judiciales, principalmente de cámara. Sin embargo la bambolla mediática que acompaña a estas iniciativas legislativas no hace más que servirle al Poder Ejecutivo como prenda de negociación para con los sindicatos. El tope en los aumentos salariales que consensuaron entre el gobierno y la dirigencia gremial tiene como amortiguador privilegiado el paquete de leyes laborales que transitará con vaselina por el obediente Congreso. Mientras los diarios económicos se rasgan las vestiduras y llenan sus páginas de artículos alarmistas, la estrategia K logra su cometido de quedar equidistante entre dos posturas naturalmente antagónicas. En ese esquema, todo bien entre la UIA y la CGT, con el Gobierno Nacional como stopper a los apetitos de ambos. Pero hay una franja de la economía productiva que queda fuera de la geometría institucional diseñada por las grandes cúpulas. Por fuera del sistema de contrapesos, al margen de las cúpulas empresariales y sindicales, está la economía de los remadores. Cuando les quieren sobar la espalda dicen que son el motor de la economía, pero en el macro esquema de negociaciones y subsidios nunca les dan vela en ningún entierro. Así, las Pymes, miran siempre las cosas por TV y nunca viajan al Mundial. Si Coca Cola o YPF despiden a un empleado ni a la empresa ni sus accionistas se les mueve un pelo. Mandarán a los abogados a negociar, pagarán la indeminización que corresponda y depositarán lo que haga falta. Es un mero trámite. Pero un taller con 5 operarios, si tiene que despedir a uno de ellos, estará perdiendo nada más y nada menos que el 20 por ciento de su plantel productivo. El impacto económico, psicológico y organizacional que un conflicto laboral acarrea a una pequeña empresa es un tema pendiente de la agenda supuestamente progresista que está llevando adelante el Congreso. Para las Pymes despedir a un empleado en el que se invirtió tiempo y plata en capacitarlo para su puesto definitivamente no es negocio. Si se lo despide, las más de las veces, es porque ese empleado desde el punto de vista laboral le trae más problemas que soluciones. Las Pymes no tienden a despedir “de gusto” ni por estrategia, como muchas veces pasa en las grandes organizaciones en donde el despido masivo es un costo más dentro de las previsiones financieras. Las Pymes seleccionan personal a ojo, sin grandes consultoras que las auxilien, sin tests psicológicos y demás herramientas que harían medianamente previsible una contratación laboral. El nivel de sueldos que pueden pagar tampoco les permite contratar gente de curriculums abultados sino más bien a gente voluntariosa que está dispuesta a formarse en el puesto. Y a la hora desgraciada de un despido, tampoco tienen demasiada plata para invertir en un buen asesoramiento jurídico. Cuando tuvieron suerte, hubo buen ojo en la selección y formaron un buen empleado, seguro que se les va, obviamente captado por los cantos de sirena de las grandes firmas que tienen en las Pymes un semillero inagotable. Los buenos se van y los malos vegetan en el puesto al amparo de una legislación que a veces consagra la inamovilidad de la gente en empresas que no tienen plata para indemnizarlos y donde un juicio laboral puede hasta poner en riesgo la continuidad de la empresa misma. Las pequeñas empresas muchas veces tienen hondas falencias en materia fiscal, provisional, laboral y de seguridad e higiene y cuidar esto, es también obviamente cuidar a los empleados. Mientras tanto los sindicatos siempre se han focalizado en el mano a mano con los empresarios que son grandes concentradores de afiliados. Otra vez el discurso no se condice con la realidad. Todos repiten que Italia tiene fortalecida su economía gracias a las pymes, habrá que ver cómo lo hicieron y qué variables alentaron para que eso sea así. La Argentina solo parece haber heredado de los tanos el gusto por los ravioles del domingo y las puteadas en los embotellamientos de hora pico. Así, el progresismo deberá demostrar que no sólo es un discurso vacío lleno de voluntarismo y de palabras bonitas, sino que está dispuesto a arremangarse para ir más allá. Las asimetrías no son solamente entre obreros y empresarios, ni entre ricos y pobres, sino entre empresas grandes y empresas chicas. Sin acceso al crédito y sin los beneficios fiscales que los empresarios con capacidad lobbysta arrancan permanentemente al poder de turno, las pymes seguirán siendo los kelpers de la economía. Debería pensarse entonces en un régimen laboral distinto para las pequeñas empresas en donde a cambio del esfuerzo de tener todo en regla (impuestos, seguridad, empleados completamente en blanco) el gobierno las auxilie con parte de las indemnizaciones de ley en caso de despido forzoso. No es lo mismo Telefónica que el taller de Don Manolo. No es lo mismo jugar un clásico en el Monumental que un picadito en el patio del colegio. Definitivamente, no es lo mismo. La nueva legislación supuestamente anti empresaria que ahora se proclama como bandera marketinera y calmante sindical hace rato que está instalada en la realidad de los pequeños y medianos emprendimientos. Cuando se den cuenta que para proteger a los empleados también hay que proteger a quienes les dan trabajo, eso va a ser negocio para todos. Incluso para los políticos porque a la larga y sumando mucho de a poco, eso trae votos. Pasaremos entonces de un progresismo adolescente y declamativo, a un verdadero progreso en materia laboral.