“Social e individualmente es absolutamente reprochable la utilización de su condición de abogado para obtener, falseando la realidad, la libertad de personas condenadas a diez años de prisión, afectando a la confianza pública en el sistema judicial, y a toda la colectividad, que no puede sino reprochar gravemente esta conducta”, señaló en su sentencia el Tribunal, según reprodujo el diario español Granada Hoy.
Los abogados Manuel M. y Miguel Angel C. obtuvieron un certificado de defunción apócrifo con el objetivo de “obtener la impunidad de su cliente y conseguir que eludiese el cumplimiento de la pena impuesta en sentencia ya firme".
La Justicia explicó que el plan de los abogados “consistía en conseguir como última finalidad una declaración de extinción de la responsabilidad criminal de dos condenados, para lo que se necesitaba una compleja maniobra falsaria".
Así, el Tribunal Superior confirmó las penas impuestas por la Audiencia Provincial de Granada de cuatro años y ocho meses de prisión para los dos abogados, dos años para sus clientes y 14 meses para José Luis M., cómplice de los letrados.