“Vamos a trabajar en un proyecto modificando la ley a los efectos de que el abogado del interior cuando venga a efectuar en la oficina de mandamientos cualquier trámite vinculado con una causa tenga los mismos requisitos que tiene el abogado de Capital cuando va a tramitar el mismo instrumento en el interior del país”, le dijo Fernández a este medio.
El artículo 8 de la ley convenio 22.172 establece: “Los oficios, cédulas, mandamientos y testimonios serán presentados para su tramitación por abogados o procuradores matriculados en la jurisdicción donde deba practicarse la medida. Cuando las personas autorizadas para intervenir en el trámite no revistiesen ese carácter deberán sustituir la autorización a favor de profesionales matriculados”.
“Esto implica para todos los abogados del interior una doble matriculación. Y no es una doble matriculación que fenece en el momento que culmina el trámite, sino que además hay que pagar durante un tiempo que son como mínimo tres meses”, señaló Fernández, que también es integrante del Consejo de la Magistratura, y agregó que esa situación “conlleva una terrible injusticia”.
La discusión por la matriculación de los abogados del interior del país para realizar diligencias en la Capital Federal surgió en el último plenario del Consejo de la Magistratura, el 11 de mayo. A partir de una consulta de la Dirección General de Mandamientos para la Justicia Nacional de la Capital Federal, un dictamen establecía que debía exigirse a los abogados las credenciales actualizadas para presentar cedulas o mandamientos.
“Este sistema así como está genera un control muy laxo respecto a gente que está diligenciando oficios sin ser abogado. Vamos a trabajar en un proyecto de ley en donde esté el relevamiento y el control de los requisitos formales pero sin que esto conlleve en la práctica la injusticia de tener la necesidad de la doble colegiación”, afirmó Fernández sobre el dictamen que finalmente el plenario postergó su tratamiento.
El senador por Santa Cruz del Frente para la Victoria señaló que presentará el proyecto en 15 días en la Cámara de Senadores y estimó que para julio tendría dictamen de comisión, y así quedaría habilitado para ser tratado por el pleno de la Cámara.