García y Degeorgis presentaron sus renuncias pero hasta este martes no habían sido aceptadas. Si eso ocurre, lo tiene que decidir el presidente Néstor Kircher, automáticamente dejan de ser jueces y no deben afrontar el juicio. Las acusaciones contra estos magistrados ya pasaron por el plenario del Consejo, pero se decidió postergar su tratamiento para esperar si las dimisiones eran aceptadas. Inclusive el representante del Poder Ejecutivo, Joaquín Da Rocha, señaló que tenía información que Kirchner iba a aceptarle la renuncia a García.
La postergación de las acusaciones a la espera de la aceptación de las renuncias, fue criticada por algunos miembros del Consejo, como la diputada del ARI Marcela Rodríguez, que plantearon que los temas del Consejo son independientes a lo que puede decidir el Poder Ejecutivo. De echo, existe el antecedentes del ex juez Carlos Liporace: el Consejo lo mandó a juicio político y después Kirchner le aceptó la renuncia.
García, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9, está acusada de haber actuado como síndico de una empresa financiera que transfirió los bienes de tres detenidos desaparecidos (Victorio Cerruti, Horacio Palma y Conrado Gómez) al dictador Emilio Massera y otros represores de la ESMA durante la última dictadura militar. Si el juicio político prospera y García es destituida, perderá sus fueros y el juez que investiga el desapoderamiento de bienes, Sergio Torres, podría citarla a declarar.
El juez de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Degiorgis, afronta una acusación por irregularidades en la revocatoria de una sentencia de primera instancia por una sucesión de 46 millones de pesos. Una de las partes del juicio denunció que Degiorgis cobró una supuesta coima de 1 millón de pesos para modificar el fallo.
El consejero Beinusz Szmukler, instructor del expediente, le dijo a Diariojudicial.com que se acusa a Degiorgis “de haber modificado la sentencia de primera instancia para beneficiar a uno de los herederos en detrimento de los otros y esa sentencia fue declarada nula por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, está probado en la causa una relación entre Degiorgis con un martillero (Enrique Lanusse Naón) que habría sido el intermediario entre el juez y los beneficiarios de la resolución donde hay una imputación de que se le habría pagado un millón de pesos. Pero no estamos acusando por el delito, que no está probado, sino porque es evidente que cualquiera haya sido el motivo que llevo a Degiorgis a fallar como falló era violando la ley y en beneficio de una de las partes”.
Además de Degiorgis, el fallo de cámara fue firmado por Julio Moreno Hueyo y Teresa Manuela Estevez Brasa pero no se pide el juicio político de ellos porque ya no son jueces; Moreno Hueyo renunció el 1 de noviembre de 2005 y Estévez Brasa el 31 de marzo de 2004.
Por su parte, a Terán, a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, se lo acusa de ordenar el pago en dólares de títulos de la deuda pública en default. Por los mismo hechos está siendo investigado el otro juez federal tucumano, Jorge Parache. El juez hizo su descargo en la Comisión de Acusación del Consejo el pasado 16 de mayo y días después pidió ampliar su declaración, que todavía no tiene fecha.
El pedido de juicio político contra Terán ya fue tratado en el plenario del Consejo y se decidió postergarlo hasta que la Comisión de Acusación avanzara en la investigación contra Parache y eventualmente tratar ambas acusaciones juntas.
Pero la semana pasada la Comisión de Acusación insistió en su dictamen contra Terán y este jueves nuevamente será tratado por el plenario.
Si los tres pedidos de juicio político son aprobados, los jueces quedarán automáticamente suspendidos en sus cargos por 180 días y enviados a juicio político. En ese plazo el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberá llevar a cabo el jury. Si son encontrados responsables de las acusaciones serán removidos de la Justicia, en caso contrario volverán a sus cargos.