Los reclamos por las dos vacantes no son nuevos. Desde que, primero, Augusto Belluscio renunció en septiembre del año pasado, y después en octubre, Antonio Boggiano fue destituído, los ministros de la Corte piden que la situación en el Máximo Tribunal se resuelva en cualquiera de los dos caminos que parecerían más viables: o nombrar dos jueces y completar el tribunal o reformar la ley y reducir el número de miembros a siete, la cantidad actual.
"Yo digo: señores, o nos dejan en siete y empezamos a trabajar con una mayoría de cuatro o llenan las vacantes. Estamos en una situación de emergencia. Vamos a necesitar por lo menos de cinco años para superar tanto atraso”, dijo Argibay el viernes en un encuentro con autoridades de empresas francesas que reprodujo La Nación. A los dichos de la juez se sumó el presidente del tribunal. En una conferencia de prensa en Misiones, Petracchi afirmó este miércoles que la demora en la cobertura de vacantes genera “problemas” para obtener los cinco votos necesarios para resolver causas y anticipó que comenzarán a nombrar conjueces, aunque advirtió que eso no es una solución. “Podemos nombrar conjueces, pero si en cada asunto tenemos que sortear un conjuez diferente, la jurisprudencia pierde peso y también pierde coherencia", dijo Petracchi.
Por primera vez los reclamos tuvieron eco en el Gobierno. Y como en política los gestos pesan, los dichos del ministro de Justicia, Alberto Iribarne, y del jefe del bloque justicialista de senadores y consejero de la magistratura, Miguel Angel Pichetto, parecen apuntar a que, por el momento, las vacantes no se cubrirán.
“No creo que el problema de la Corte Suprema pase por la cantidad de miembros con la que esté funcionando, sino que está más en relación con el hecho de que el tribunal tenga o no visión de Estado, y actúe en función de un certero concepto de lo que es lo público", dijo Pichetto este miércoles a través de un comunicado de prensa.
Por su parte, este martes, en un reportaje del diario Clarín, Iribarne señaló que “nada garantiza que si se incorporaran dos miembros más y si hubiera, por ejemplo, dos proyectos de fallo para resolver un determinado tema, no surja una tercera visión para esa misma decisión con la incorporación de los dos nuevos” y agregó que “el otro punto de vista es trabajar más intensamente en lograr un acuerdo de cinco voluntades”.
Además, de las dificultades de reunir cinco votos, existe el Decreto 222/03, firmado por el presidente Néstor Kirchner que establece un plazo máximo de 30 días para proponer un candidato en caso de vacancias en la Corte. Iribarne dijo que “no tendríamos que estar atados estrictamente a ese plazo” al que calificó de “prudencial”. Pero los 10 meses en los que la Corte está incompleta no parece ser el plazo prudencial que señala el ministro.
“Si el Presidente dictó el Decreto 222 y se comprometió con los plazos debería cumplirlos. Si no, nos coloca en una situación incómoda porque conseguir una mayoría de cinco, siendo siete, es dificilísimo", dijo Argibay.
El reclamo para cubrir las vacantes no proviene sólo de parte de los ministros. También asociaciones civiles que trabajen en temas judiciales, juristas, y colegios de abogados se pronunciaron en distintas oportunidades sobre la conveniencia de tomar una decisión al respecto.
Cuando el gobierno cumplió tres años de gestión, el pasado 25 de mayo, Diariojudicial.com consultó a la diputada del ARI, Marcela Rodríguez, al abogado constitucionalista Gregorio Badeni, y al director ejecutivo de la ONG Asociación por los Derechos Civiles Roberto Saba, que coincidieron en destacar la renovación en la Corte pero pidieron que las vacantes sean cubiertas.
Pero, ¿por qué Kirchner no cubre las vacantes cuando uno de los reconocimientos de su gestión fue la elección de los nuevos jueces del máximo tribunal? Dos hipótesis podrían acercar una respuesta.
De los siete miembros actuales, el Presidente eligió a cuatro: Argibay, Elena Higton de Nolasco, Eugenio Zaffaroni y Ricardo Lorenzetti. La elección de dos nuevos jueces encontraría a Kirchner nombrando a seis de los nueve magistrados. No serían pocos los que criticarían al Presidente por nombrar a la mayoría de los ministros. Por eso, muchos proponen que se apruebe alguno de los proyectos que hay en el Congreso para reducir la Corte a siete.
La segunda hipótesis es más política. Plantea un escenario en el que el Presidente cuenta con dos cargos para ofrecerle a la oposición en una eventual negociación frente a alguna coyuntura política futura que se presente.