El STJ hizo conocer su preocupación la semana pasada cuando envió notas al Poder Legislativo y Ejecutivo por las cuales solicitó una reunión. Según fuentes judiciales de la provincia, el problema radica en que este año sólo llegó el 50 por ciento del presupuesto para continuar con la obra.
El reclamo es para que se hagan efectivos los $1.014.610 que el proyecto requiere para el 2006, donde se tiene previsto realizar la segunda etapa del digesto. Hasta ahora la ley provincial 4015 de presupuesto sólo ha ejecutado $502.500.
Por eso el STJ le pidió al gobernador, el radical Miguel Saiz, que a través del Poder Ejecutivo convoque a una reunión entre los tres poderes del Estado para encontrar una solución a la asignación de los recursos que todavía el Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos no giró. Si en esa reunión no hay respuestas favorables, el Poder Judicial dejaría de formar parte del digesto.
“Si así no fuere posible y la reunión o el financiamiento se viesen frustrados o postergados indefinidamente, se releve al Poder Judicial de continuar participando del desarrollo del proyecto y la ejecución de la obra, tarea encomendada por la Ley 4.039, existiendo la alternativa que de postergarse el proyecto se transfieran definitivamente las funciones de la Comisión Interpoderes al Poder Legislativo, en el estado de parcial ejecución en que se encuentra la obra”, dio a conocer su postura el STJ este martes a través de un comunicado.
El ordenamiento de las leyes y normativas provinciales lo está llevando a cabo la Comisión Interpoderes del Digesto Jurídico que está integrada por los legisladores Ana Piccinini, Gustavo Costanzo y Fabian Gatti, los jueces Luis Lutz (presidente del STJ) y Gustavo Azpeitia y los secretarios de estado Fabio Rey y Silvia Jañez. La Comisión trabaja desde agosto de 2004.
En la última reunión de la Comisión, el pasado 6 de junio, se evaluó las dificultades financieras y el estado del digesto.
Hasta el momento se llevó a cabo la primera etapa del digesto que fue el análisis de las cerca de 85.000 normas provinciales entre leyes y decretos. De esa cantidad se cargó en la base digital 16.528 normas de alcance general, de las cuales quedarían consolidadas 1.818 leyes, según datos del Poder Judicial.
También se han actualizado los textos de las leyes modificadas y se comenzó a hacer lo mismo con los decretos. La finalización del trabajo está prevista para el 31 de julio de 2007.