Schultess fue procesado sin prisión preventiva por el juez federal Gustavo Literas por el presunto delito de "malversación de caudales públicos", figura penal que tiene una pena máxima de hasta 10 años de prisión.
Los hechos que dieron origen a la investigación se remontan a 1991, cuando Carlos Grosso era intendente de la Capital Federal y requirió al entonces presidente Carlos Menem la autorización para vender una serie de terrenos ubicados en el barrio porteño de Once, a un grupo de comerciantes.
A través del decreto 449/91 Menem autorizó la venta de seis terrenos ubicados en la cuadra de Pueyrredón y Bartolomé Mitre, operación que fue firmada por Schultess.
Tiempo después se descubrió que en realidad se habían vendido ocho lotes en lugar de seis que autorizaba el decreto.
Schultess, antes de ser procesado había planteado la prescripción de la acción penal, al sostener que el delito que se le imputaba era el de administración fraudulenta, que tiene una pena menor y por ende un tiempo de prescripción menor que la figura de malversación de caudales.
Por esa razón, Literas, de acuerdo al dictamen del fiscal Miguel Angel Osorio denegó el recurso presentado por el defensor del ex funcionario, Roberto Eliossof.
En la resolución, LIteras decidió citar para que preste declaración indagatoria al ex director del organismo Liberato Siciliano, por su intervención en la escritura traslativa del dominio, y al escribano Eduardo Scorso, que en su momento dio fe del acto investigado.