La Justicia de Perú condenó a penas de entre cuatro y seis años de cárcel a tres ex magistrados vinculados a la red de corrupción del ex asesor presidencial de Fujimori, Vladimiro Montesinos, actualmente detenido.
La Sala Penal de la Corte Suprema de ese país sentenció a los ex vocal Sixto Muñoz y a la fiscal Julia Eguía Dávalos a seis años de cárcel por los delitos de asociación ilícita y corrupción de funcionarios en agravio del Estado. En tanto, Arquímides Pesantes fue sentenciado a solo cuatro años de prisión en suspenso. Entre los tres deberán pagar una reparación civil de 800 mil soles, lo que equivale a
240 mil dólares.
Sin embargo, el máximo tribunal absolvió de las mismas acusaciones a los ex vocales superiores Raúl Lorenzzi, Jorge Gonzales, Luis Chocano y Manuel Ruíz, quienes se retiraron de la sala de audiencias de Palacio de Justicia, en donde fueron juzgados. El Ministerio Público se reservó el derecho de apelar el fallo que absolvió a esos cuatro magistrados.
El tribunal entendió que no se pudo acreditar en las investigaciones que esos cautro funcionarios hayan cobrado dinero a través de una planilla secreta del Servicio de Inteligencia Nacional.
No obstante, según la fiscalía, durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) se creó una Sala de Derecho Público, conformada por los sentenciados, que tramitó medidas judiciales ordenadas por Montesinos.
Entre aquellas aparece una a favor de la empresa chilena de fideos “Luchetti” y la retirada de la nacionalidad peruana al empresario de origen israelí Baruch Ivcher, dueño de la cadena de televisión “Frecuencia Latina”.
Fujimori cerró el Poder Judicial el 5 de abril de 1992, día del llamado "auto-golpe", con la intención de reorganizarlo según los designios de Montesinos, el hombre "detrás del poder" del ex gobernante, según señalan las investigaciones judiciales.
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