“En el mundo forense se sabe que denegar Justicia, negarse a pronunciar sentencia, es lo peor que puede hacer cualquier juez, significa quitarle a los ciudadanos la posibilidad de recurrir al Poder Judicial, es incumplir con un mandato y una obligación. Esperamos tener una respuesta inmediata, y si no llega, recurriremos directamente a la Corte Suprema, tal como consignamos en la presentación”, se quejó el presidente de AABA, Horacio Acebedo, a través de un comunicado.
La AABA presentó el 9 de marzo pasado un amparo contra la ley 26.080 que reformó el Consejo de la Magistratura por considerarla inconstitucional. Pero el recurso ya pasó por cuatro jueces de primera instancia y dos salas de la cámara del fuero, pero sin resolución. Las quejas de la entidad apuntan a que el artículo 8 de la ley 16.986 de amparo establece que el plazo para dictar sentencia, una vez producida la prueba del accionante, es de 48 horas.
“La AABA solicitó que se dictase sentencia el 29 de abril, y pocos días después se reiteró el pedido, en ambos casos sin respuesta. Vencidos los plazos se pidió nuevamente el dictado de sentencia el 14 y el 22 de junio. Es evidente que se está denegando Justicia”, señaló Acebedo.
Si la AABA recurre a la Corte Suprema, serán dos los recursos que tendrá el Máximo Tribunal para resolver sobre la reforma al Consejo. El primero, y hasta ahora único, fue la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada el miércoles 14 de junio último por cuatro abogados encabezados por el presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Carlos Andreucci, y del Colegio de Abogados de La Plata, Pedro Auge.
Do Pico, titular del juzgado de primera instancia Nº 8, tiene todos los amparos que se tramitan en la Justicia en lo contencioso administrativo contra la reforma luego que la cámara del fuero acumulara todos los expedientes en su juzgado. La jueza quiso excusarse de intervenir porque en el amparo presentado por el abogado Ricardo Monner Sans, la contestación de traslado del Estado había sido firmada por su hermano, el abogado de la Procuración del Tesoro de la Nación Carlos Do Pico.
Pero la excusación fue rechazada por el juez de primera instancia Sergio Fernández y la Sala III de la Cámara del fuero, por lo que Do Pico sigue al frente de las causas.
La ley 26.080 redujo el Consejo de 20 a 13 miembros, cosechando el rechazo de todo el arco político opositor y de entidades judiciales que la consideraron inconstitucional ya que no respeta el equilibrio que manda la Constitución para integrarlo. Con la reforma se eliminan las minorías políticas y se reduce la participación de los abogados (el sector más perjudicado ya que pasará a tener dos de los cuatro representantes actuales), jueces y académicos. La ley entrará en vigencia en noviembre próximo que también reformó la integración del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Semanas atrás Acebedo le había dicho a Diariojudicial.com que la AABA recurriría a tribunales internaciones si los amparos contra la reforma no son resueltos por la Justicia antes que la nueva ley entre en vigencia. “Primero vamos a agotar la vía nacional – había dicho Acebedo -. En el caso que no lo consigamos, iremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si hace falta”. Para la AABA, las instancias nacionales se van agotando.