LO PASADO, PESADO. La mini-ola de violaciones en los subtes de la Capital federal, en realidad fueron dos denuncias en la estación Callao de la línea B, provocaron repercusiones. Siempre hay algún político veloz que desempolva un proyecto propio o pide algo que está pendiente. Tal es el caso del legislador porteño por el ARI Pablo Failde que mediante un proyecto de declaración le exigió a Telerman que ponga de una vez en marcha la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, cuyo objetivo es investigar y brindar contención a las víctimas de este tipo de ilícitos. Es fácil llorar sobre la leche derramada, sobre todo si el que la derramó fue otro. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó, obviamente, por unanimidad el proyecto. La unidad especializada, para investigar abusos y violaciones, fue creada a principios del año pasado a través de un convenio celebrado entre el procurador Righi y el entonces jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra. Sin embargo ilógicamente no está funcionando con la excusa de la falta de espacio físico. Lo cierto es que por estos días se ven más policías en los pasillos del subte que en la Casa Rosada. Dos o tres juntos, a veces, como para dar cierta sensación de seguridad. La noticia era pan caliente para los medios y rápidamente ganó las tapas de los diarios y los informativos de noticias que las radios repiten en las horas redondas. Los movileros salieron corriendo a buscar a las jóvenes involucradas en los casos y a las doñas Rosas que compartían con la gran mayoría de los porteños esa oscura e incómoda sensación de que estas cosas antes no pasaban. Sin embargo, dentro de la cobertura que se hizo, hubo una noticia que provocó más de un enojo dentro de la Procuración General, a cargo de Esteban Righi. Fuentes de ese organismo, admitieron que la nota que apareció en el diario La Nación el viernes de 23 junio, y que daba cuenta en forma exagerada sobre un supuesto aumento del 40% de los casos de violaciones en los últimos cuatro años, le generó un dolor de cabeza al director de la Oficina de Asistencia a la Víctima, Eugenio Freixas, quien estaba nombrado en la misma. Para Freixas no hubo un aumento en el delito sino un crecimiento en la cantidad de denuncias a raíz del buen trabajo de los organismos que, como el que está a su cargo, canalizan este tipo de casos. Sucede que al ser un delito de instancia privada y para colmo con un matiz más que vergonzoso para la víctima, las denuncias muchas menos que los delitos efectivamente cometidos. Sin embargo, quienes lo conocen a Eugenio saben que hay algo que lo desvela más que el tema de las mediáticas violaciones en los subterráneos porteños: el delito de trata con fines de explotación sexual o laboral. En nuestro país la trata de personas es un delito que viene creciendo desde la crisis del 2001, de la mano de la marginalidad y la pobreza. La Oficina de Asistencia a la Víctima envió al Congreso un proyecto de ley de la pluma de Freixas para tipificar de una vez por todas la trata de personas como delito. La iniciativa todavía está siendo analizada en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado y se estima que todavía le queda un largo camino por recorrer a través de los vericuetos legislativos. Mientras tanto, de acuerdo a la típica modalidad argentina, seguiremos rasgándonos las vestiduras sobre lo que pasó, llorando sobre la leche derramada y perdiendo como siempre la carrera con la tortuga renga.
LA DANZA DE LAS SUBROGANCIAS. Los consejeros Beinusz Szmukler y Marcela Rodríguez objetaron, en el último plenario del Consejo de la Magistratura, la designación de Guillermo Molinari como juez federal subrogante de Santiago del Estero. Molinari llega a ese juzgado luego que la juez subrogante elegida para ese cargo presentara su renuncia el día que debía jurar. Alicia Noli había sido elegida por la Comisión de Selección del Consejo para ocupar el juzgado federal de Santiago (a pesar que había sido propuesta para subrogar el mismo cargo pero en Tucumán). La designación de Noli fue objetada por abogados santiagueños. Ella alegó motivos personales para alegarse del cargo. La vacante era la que dejó el renunciante juez santiagueño Ángel Toledo, con una investigación abierta y avanzada en la Comisión de Acusación del Consejo. Ante la renuncia, la Comisión de Selección eligió a Molinari. Pero parece que no está todo en orden. Molinari fue diputado provincial por el radicalismo entre el 2002 y el 2004 y actualmente se desempeña como presidente del Directorio del Ente Regulador de Energía Eléctrica de Santiago del Estero, cargo en el que fue elegido con acuerdo de la Cámara de Diputados de la provincia para el período 2005-2008. Rodríguez dijo que Molinari no puede ocupar el cargo en la Justicia ya que el juzgado que va a subrogar tiene competencia electoral y la ley 19.018 establece que los jueces federales con esa competencia deberán cumplir los mismos requisitos que los magistrados de la Cámara Nacional Electoral, y estos son que “no deben haber ocupado cargos partidarios hasta cuatro años antes de la fecha de su designación”. Había urgencia en tratar el tema ya que Molinari asumió el viernes 7. A través de una nota enviada al resto de los consejeros, Smukler señaló que Molinari “no registra antecedente alguno (profesional, académico o docente) en dos disciplinas fundamentales para el cargo: derecho penal y electoral, sin que en su curriculum aparezcan datos que lo acrediten en otras disciplinas”. Además, Szmukler afirmó que “los antecedentes de las actividades más recientes de Molinari, lo muestran comprometido políticamente con el gobierno de la provincia, lo cual no es lo más adecuado para un magistrado que tendría jurisdicción territorial en ella”. En efecto, Molinari fue convencional constituyente de la ciudad de La Banda en 1990 donde fue secretario parlamentario de la Convención, concejal de la misma ciudad entre 1991 y 1993, además de diputado provincial entre 2002 y 2004. En el plenario se pretendió reconsiderar la designación de Molinari. Pero la propuesta fue acompañada por muy pocos consejeros y la mayoría decidió dejar todo como estaba y que Molinari sea juez federal subrogante de Santiago del Estero. Aquí se plantea la debatida cuestión de si el pleno del Consejo debe convalidar lo que dictaminan las comisiones entendiendo que ésta obra por delegación del 100 % del cuerpo. Entendiéndose que el fruto de los dictámenes de comisión ya pasaron el filtro del debate y el estudio de los antecedentes de los candidatos. Una cuestión que no es menor es que a la Comisión de Selección llega una terna elaborada por las respectivas cámaras, con lo cual hay un doble filtro antes de que el magistrado subrogante llegue a asumir. Sobre todo cuando desde mediados de este año la Comisión de Selección ha tomado la postura de no constituirse en una instancia de simple convalidación de lo que a su vez le mandan las cámaras de apelaciones. Este ha sido un criterio impuesto, sobre todo, por el consejero representante del Poder Ejecutivo, Joaquín Da Rocha y que ha prendido entre sus colegas quienes se han convencido que la misión de la comisión no es la de homologar directamente al que esté al frente de la terna remitida.