El pasado 10 de mayo los tres poderes del Estado provincial suscribieron el Plan Estratégico del Estado Provincial para la Justicia Santafesina. El plan preveé la reforma a los seis códigos procesales, la aplicación de la oralidad en los juicios penales (Santa Fe es la único provincia que todavía tiene procedimiento escrito) y modificaciones a la mediación, que actualmente no es obligatoria sino que cada parte debe requerirla.
El Consejo Rector está integrado por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe) de los cinco colegios de abogados, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y de Procuradores, la Asociación de Tribunales y las facultades de derecho de cuatro universidades de la provincia. El coordinador del Consejo es el presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez. La Justicia de Santa Fe comenzó este lunes la feria judicial de invierno.
El primer encuentro del Consejo se realizó el pasado 5 de julio en la Corte Suprema, luego que cada institución designara sus representantes. Se dispuso que el próximo 31 de julio queden integradas todas las Comisiones de trabajo y a partir de allí se les otorgó un plazo de 180 días para expedirse sobre los temas que se les requierió su estudio. Además, se fijó que cada Comisión establezca su modalidad de trabajo.
El Plan Estratégico prevé modificaciones a la Ley 10.160 de Competencia, fueros y jurisdicción (mapa judicial), la ley de Suplencias y Estado judicial, los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, la Estructura y Recursos Humanos del Poder Judicial, el Digesto Provincial y los 6 códigos procesales: Código Procesal Penal, Código de Faltas, Código Procesal del Menor, Código Procesal Civil y Comercial, Código Procesal Laboral y Código Contencioso Administrativo.
“El Plan Estratégico del Estado Provincial para la Justicia Santafesina procura lograr una modernización normativa de los procesos judiciales, una revisión de las competencias, fueros, jurisdicciones judiciales, y la geografía judicial en orden a su realidad actual y orientada al servicio de los ciudadanos, con el objeto de posibilitar un más sencillo e inmediato acceso de la comunidad hacia el poder encargado de impartir justicia”, son los objetivos de la reforma que comenzó su camino.