Un informe elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y UNICEF Argentina advierte que 19.579 niños, niñas y adolescentes están privados de libertad en Argentina (Buenos Aires encabeza el ranking provincial con 8.869). Igual se estima que el número es mayor porque no todos los establecimientos enviaron sus datos. De ese total, el 84,8% se encuentra bajo una medida judicial y/o administrativa en virtud de una causa “no penal”, esto es, por causas asistenciales, que la mayoría de las veces tiene como origen una situación de carencia socioeconómica.
De esa manera, los que están privados de libertad por causas penales son 2.377. De ese total, 578 están en la provincia de Buenos Aires, 447 en Córdoba y 438 en la ciudad de Buenos Aires. Llamativamente San Luis y Neuquén no tienen menores en institutos por haber cometido delitos.
Además, los datos relevados permiten marcar una tendencia que indica que hay más varones que mujeres privados de libertad pero esta relación se invierte cuando se trata de personas encerradas por causas no penales donde las mujeres representan la mayoría.
El trabajo, que analiza en profundidad la situación de los niños, niñas y adolescentes institucionalizados en el país, surge de una investigación conjunta que se inició en 2005 y presenta el cuadro de situación en Argentina al 31 de diciembre de ese año, es decir, paralelo al cambio normativo que implicó la sanción de la Ley 26.061 y sus decretos reglamentarios.
Esa ley, reglamentada a fines del año pasado, señala que no se debe internar a los menores por razones asistenciales, sino privilegiar su reinserción en la familia, excepto casos extremos de conflictos con la ley penal.
El relevamiento, que fue presentado este jueves en el Congreso, estudia los establecimientos y los programas por provincia, pero también incluye la información sobre los niños/as y adolescentes detenidos en comisarías, y la relativa a la implementación de programas alternativos a la privación de libertad.
Al respecto, el estudio señala que si bien en diferentes provincias se ha avanzado en una adecuación legislativa en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño, difícilmente la privación de
libertad se convierta realmente en el último recurso a adoptar, si no se cuentan con los recursos adecuados, ni una clara planificación de políticas orientadas a evitar la institucionalización.
En su breve discurso durante la presentación del trabajo, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, destacó que “la situación de los niños, niñas y adolescentes, que compromete el futuro humano de la Nación, y que marca a fuego uno de los déficit más graves de la Argentina, es uno de los mayores desafíos que tiene el Estado y la sociedad argentina en su conjunto, para llegar a modelar un nuevo país”. Además enumeró distintas acciones que se llevaron adelante desde el Estado a partir del gobierno de Kirchner.
Por su parte, Gladys Acosta Vargas, representante de UNICEF Argentina, indicó que “la situación de niños y niñas privados de libertad pone en evidencia la necesidad de revisar las normas e instituciones que la justifican, así como analizar su vigencia en la actualidad”.
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