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Lo resolvió la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional en autos “Paolucci, Marcelo Alberto y otro s/procesamiento-embargo”, provenientes del Juzgado de Instrucción Nº 10, a raíz del recurso de apelación interpuesto por el defensor de los imputados Marcelo Augusto Bosano y Marcelo Alberto Paolucci contra la resolución que los procesó a ambos, sin prisión preventiva, en orden al delito de concusión calificada por el uso de intimidación, en carácter de coautores; y les impuso un embargo por la suma de cinco mil pesos (arts. 45 y 267 en función del art. 266, del CP y art. 306 y cctes. del CPPN).

Los imputados, oficial y suboficial de la Policía Federal, están acusados de haberle exigido a Juan Gastón Miguel y a Claudia Olga Miguel, en el ejercicio abusivo de su función, el pago inmediato de una importante suma de dinero, como condición para que el primero recuperase su libertad, pues de lo contrario ingresaría en detención formalmente.

Según consta en la causa, el 7 de abril del 2005, los imputados, a bordo de un automóvil color gris, con vidrios oscuros, interceptaron el auto de Juan Gastón Miguel, sobre la calle Escalada, antes de llegar a su intersección con la autopista Richieri. Allí, Miguel fue obligado a descender del vehículo por orden de Bosano, quien lo apuntaba con su arma de fuego y lo acusaba de un robo. “Que queres hacer?, para zafar me tenes que dar veinte mil dólares”, le dijo a la víctima.

De allí lo trasladaron hasta la avenida Escalada al 3000. En ese lugar Juan Gastón Miguel se comunicó a través de su teléfono celular con su prima “Lola” -Claudia Miguel- para que le llevara hasta allí los veinte mil dólares que le reclamaban los policías. En ese momento, los efectivos utilizaron a un taxista y a un joven –que viajaba en bicicleta- para confeccionar el acta de detención. El motivo, supuestamente, era que el auto de Gaston Miguel era robado.

Finalmente la mujer llegó al lugar sin el dinero y Miguel fue conducido -en su propio automóvil- a la sede de la División Robos y Hurtos, sita en Madariaga y la avenida General Paz.

Luego de analizar la causa, el tribunal entendió que había sido acertada la decisión adoptada por el juez de grado y homologó esa resolución. “No se encuentra controvertido en autos la circunstancia de que Juan Gastón Miguel fue privado de su libertad el 7 de abril del 2005, promediando el mediodía, por Marcelo Alberto Paolucci y Marcelo Augusto Bosano, por una orden de captura que pesara sobre éste, del Juzgado de Garantías Nº 2 de Lomas de Zamora, recuperando su libertad ese mismo día en horas de la tarde”, advirtieron los jueces.

No obstante, tuvieron en cuenta los testimonios que figuran en la causa, muchos de los cuales coincidieron con la denuncia en cuanto al pedido de dinero por parte de los policías.

“Hasta el relato del testigo de actuación Porfirio Román Paredes Oviedo se enrola hacia la configuración del hecho tal como fuera relatado por los Miguel, al sostener que los preventores le dijeron que procedían a detener al mentado Miguel porque el auto que manejaba era robado. Cuando ello era imposible pues el vehículo nunca había registrado pedido de secuestro alguno, ni fue consultado dicho extremo, sino una vez que Miguel se encontraba en la dependencia policial, en vez de hacerlo en el lugar de su detención, como parte del control que se habían dispuesto a efectuar, y como es de práctica”, dice el fallo.

En la resolución también se destacan los dichos de Ariel Alejandro Souto, quien conocía al damnificado por una relación comercial anterior, y pudo testificar la actitud, por demás extraña de Miguel, durante su encuentro con los imputados. “Souto afirmó que Miguel le hizo un movimiento con su cabeza, como llamándolo, lo que motivó que se acercara y preguntara si todo estaba bien, sin obtener respuesta de su parte, solo agachó la cabeza”, resaltaron los jueces.

dju / dju