Tras un encuentro con el ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, donde se analizaron los reclamos presentados por los más de 3 mil presos de distintas cárceles que mantiene una huelga de hambre con el fin de que se agilice la tramitación de sus causas, la Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires volvió a reclamar este miércoles mayor presupuesto, aunque dijo que está analizando un conjunto de propuestas de modificaciones legislativas a fin de dotar de mayor celeridad a los procesos penales. “Históricamente el Poder Judicial ha requerido al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo los medios y recursos necesarios para poder cumplir adecuadamente sus funciones. En tal sentido se debe subrayar que el Poder Judicial carece de facultades para definir su propio Presupuesto”, destaca un breve comunicado. Además, el máximo tribunal, a través de esa vía, hizo saber que “está llevando a cabo verificaciones exhaustivas en aquellos juzgados y tribunales de juicio que exhiben demoras en la fijación de audiencias para la realización de juicios”.
Aceptaron la renuncia del camarista federal Horacio Vigliani
El presidente Néstor Kirchner le aceptó la renuncia a un juez y a dos representantes del Ministerio Público, entre ellos el camarista federal Horacio Vigliani.. Se trata del fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de San Martín, Horacio Palazuelos, y del defensor público oficial ante los juzgados federales de primera instancia de San Nicolás, Héctor Hernández. Estas renuncias fueron aceptadas previamente por los titulares de ambos Ministerios Públicos. Palazuelos había presentado su dimisión a partir del 31 de agosto, mientras que Hernández dejará la Justicia el próximo 1 de octubre. A partir de esa misma fecha entrará en vigencia la dimisión de Vigliani, juez de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Las tres renuncias fueron aceptadas por decretos que llevan la firma de Kirchner y del ministro de Justicia, Alberto Iribarne.
Sin autonomía
La juez en lo Contencioso Administrativo Federal María José Sarmiento rechazó por “falta de legitimación” una presentación del diputado porteño Enrique Olivera, que impulsaba la inconstitucionalidad de la llamada Ley Cafiero. Según el legislador, esa norma impide "legislar en materia de seguridad y protección de personas y bienes, el control y fiscalización del transporte, el tránsito y los servicios públicos locales". No obstante, la juez coincidió con el criterio del fiscal y descartó el planteo por considerar que el diputado no estaba legitimado para exigir la inconstitucionalidad de esa ley. Según el fallo, “el cargo que ocupaban sólo los habilitaba para actuar como tales en el ámbito del órgano que integran”.
Jornada en el Ministerio Público de la Defensa
El Jueves 28 de septiembre se realizará la primera jornada de siete que se desarrollarán sucesivamente los días jueves a las 16 hs., que tratará sobre los “Delitos contra la libertad”. La exposición estará a cargo de Luis Niño, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal nº 20, y tratará los siguientes temas: Bien Jurídico; Reducción a la servidumbre; Privación ilegal de la libertad personal; Agravantes de la privación ilegal de la libertad; Delitos contra la libertad cometidos por funcionarios públicos; Conducción fuera de las fronteras; Sustracción de menores; Las figuras del Art. 142 bis del Código Penal; Amenazas y coacciones; Violación de Domicilio; Violación de secretos; Delitos contra la libertad de trabajo y asociación; Delitos contra la libertad de reunión; y Delitos contra la libertad de prensa. En las siguientes jornadas expondrán Patricia Azzi, Jorgelina Camadro, Fabián Céliz, Javier De Luca, Mariana Grasso, Pablo Jantus, Julián Langevin, María Fernanda López Puleio, María Cecilia Maiza, Leonardo Miño, Patricia Quirno Costa y Daniel Rafecas. Cupo limitado a 50 personas, inscripción: vía telefónica al 4816-0167 o al correo electrónico: jurisprudencia@mpd.gov.ar. La jornada se llevará a cabo en el salón Auditorio del Ministerio Público de la Defensa.