La ley que rebajó los sueldos de varios jueces peruanos generó, en los últimos días, una serie de declaraciones cruzadas entre el gobierno de Alan García y el Poder Judicial de ese país, que mayoritariamente se mostró en contra. El presidente de la Corte Suprema, Walter Vásquez Vejarano, le pidió al Presidente que rechace la norma, que rebaja el sueldo de los vocales supremos de 26.000 a 15.600 soles (8.000 a 4.800 dólares aproximadamente), lo que equivale al tope de lo que reciben los más altos funcionarios del Gobierno. Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, dijo que el Ejecutivo evaluará la ley.
La norma, que será enviada al Ejecutivo en los próximo días, también le reduce los salarios a los miembros del Tribunal Constitucional, la Junta de Fiscales Supremos del Jurado Nacional de Elecciones y la Defensoría del Pueblo.
“Tenemos que esperar que llegue para evaluarla y ver que sea jurídica y técnicamente bien formulada”, dijo Del Castillo, quien, sin embargo, consideró que una rebaja en los sueldos de los magistrados
“es un paso importante” para que la ciudadanía vuelva a confiar en el Poder Judicial.
La semana pasada, el Congreso modificó la ley orgánica del Poder Judicial para viabilizar las rebajas, como parte de la política de “austeridad” emprendida por el gobierno de Alan García. “Cuando hay austeridad todos tenemos que ajustarnos los cinturones”, sostuvo el jefe del gabinete ministerial.
Por su parte, la presidenta del Parlamento, Mercedes Cabanillas, opinó que las remuneraciones de los magistrados supremos no son "pétreas" ni "intangibles", y aseguró que la norma aprobada es "absolutamente constitucional y válida".
Sin embargo, el presidente del máximo tribunal sostuvo que la ley
es inaceptable y discriminatoria porque sólo afecta a los vocales supremos y no a los magistrados superiores y jueces de primera instancia, que seguirán cobrando el mismo sueldo de ahora, cercano a los 12.000 soles (3.700 dólares). Y advirtió que si el presidente Alan García promulga la ley recurrirán al Tribunal Constitucional e inclusive a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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