El funcionario anunció que "se hará una presentación al juez de ejecución, para que si ellos entran en una etapa de riesgo para su salud nos autorice a que los asistamos, aún de modo forzoso". El ministro enfatizó, además, que no hay ninguna posibilidad de que a raíz de esa huelga se adopte alguna medida en favor de ellos, y previno que "el Gobierno tiene una posición muy negativa a cualquier indulto o conmutación de penas".
Asimismo, señaló que "es inadmisible la pretensión de que a través de una abstención voluntaria de ingerir alimentos se dicte cualquier tipo de medida que los beneficie”.
Voceros del Movimiento Todos por la Patria (MTP)habían anunciado que esta semana los presos en huelga entraban en una "etapa crítica", y "que muchos han perdido más de ocho kilogramos".
Ellos participaron el 23 de enero de 1989 del ataque al cuartel, que dejó 39 muertos entre militares, policías e invasores, además de tres desaparecidos.
Gil Lavedra sostuvo igualmente que es necesario adecuar la legislación vigente para hacerla compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional en Argentina.
La Cámara de Diputados tiene en consideración un proyecto del legislador oficialista Ramón Torres Molina, que ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Legislación Penal, aunque aún resta que sea analizada por la de Derechos Humanos. Esa reforma otorgaría a los procesados, por la ley de Defensa de la Democracia, la posibilidad de una apelación. Fueron juzgados por esa ley y condenados a penas de prisión que oscilaron entre diez años y cadena perpetua. Un recurso apelando la sentencia fue rechazado por la Cámara Federal(Apelación) y ante la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con algunas interpretaciones, los presos podrían quedar en libertad provisional en caso de que se modifique la legislación, pues dejarían de tener una condena firme. Ello, sumado a la ley del dos por uno (un año de cárcel se computa por dos) que se aplica a los procesados, les daría el derecho de reclamarla.
Sin embargo, el ministro indicó que esos detenidos "pudieron haber planteado un recurso de revisión por una ley procesal posterior más favorable, que inexplicablemente no hicieron". Por otra parte, puntualizó que la eventual reforma procesal no beneficiará a Enrique Gorriarán Merlo y a su ex esposa Ana María Sívori (líderes del MTP), porque ellos fueron juzgados varios años después y tuvieron la posibilidad de presentar un recurso de Casación.
Gorriarán Merlo fue detenido en 1995 en México y extraditado. Entretanto, hoy eran esperados los diputados Nilmairo Miranda y Padre Roque, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Brasil, para visitar a los huelguistas. Así, los Familiares y Amigos de los Presos de La Tablada sumarán un nuevo apoyo de legisladores extranjeros, como ya aconteció con un grupo de diputados mexicanos.