Lo resolvió la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, integrada en esta ocasión por los jueces Mario Filozof y María Laura Garrigós de Rébori, en los autos caratulados
“Viel, Martin y otro s/estafa” a raíz del recurso de apelación interpuesto por la querella contra la resolución del juez interviniente, que dispuso el sobreseimiento de Flavio Matera y Martín Viel.
Según consta en el fallo, a la hora de cambiar el auto, el denunciante confió en su mecánico, Martín Viel, quien le manifestó que Flavio Matera vendía un automóvil que estaba en muy buenas condiciones. Finalmente, la operación se realizó en diciembre de 2005: el denunciante abonó la suma de $45.000 por el automóvil. El arreglo final incluía que el vendedor debía saldar con parte de dicho importe la deuda de patentes que tenía el rodado.
Sin embargo, el vendedor aseguró que la deuda de patentes nunca fue abonada por el vendedor. Además, denunció que en abril de este año tuvo que llevar el vehículo a un concesionario oficial, luego de detectar graves problemas de presión de aceite, y que ahí se enteró que había que reponer la mayoría de las piezas del motor, lo cual implicaba un alto costo.
Por todo ello, el denunciante dijo que se había abusado de su confianza, lo que además le produjo un evidente perjuicio económico, ya que compró un vehículo como libre de todo gravamen y en óptimas condiciones de uso, todo lo cual resultó falso.
Sin embargo, el tribunal decidió confirmar el sobreseimiento de los imputados. En primer lugar, los jueces dijeron que “no existen elementos de prueba en el legajo que permitan afirmar que los problemas mecánicos que sufrió el vehículo estuvieran presentes al momento en que se llevó a cabo la operación y, menos aún, que, en caso de que así hubiera sido, se tratara de problemas que podían ser advertidos en una revisión mecánica que no fuera profunda y exhaustiva”.
Además, los camaristas destacaron que “el denunciante adquirió un automóvil usado y ello conlleva, necesariamente, la asunción de determinados riesgos inherentes a su estado de uso y conservación luego de varios años de haber sido utilizado por otras personas”. “Lo expuesto, permite considerar que se intentó otorgarle significación penal a una cuestión que nunca podría haber ido más allá de un eventual reclamo en sede civil”, agregaron.
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