La denuncia había sido formulada por el abogado Eduardo Barcesat, quien cuestionó el decreto 446/00 del 12 de junio último, por cuya firma imputó a Álvarez --quien se encontraba en ejercicio de la primera magistratura, en ausencia del presidente Fernando De la Rúa-- el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público.
El letrado había sostenido en aquella oportunidad que la desregulación mal podía disponerse a través de un decreto de "necesidad y urgencia" cuando iba a entrar en vigencia a partir del año próximo.
La denuncia, extensiva a los miembros del gabinete, fue presentada ante la Cámara Federal y recayó en el juzgado a cargo de Claudio Bonadío, quien dio vista al fiscal para que se pronuncie sobre la cuestión.
Ribolo dictaminó que no existe delito y por esa razón tampoco motivos para pedir el desafuero de los funcionarios nacionales, para su indagatoria.
Ahora el juez Bonadío elevó "en consulta" las actuaciones a la Cámara Federal, para luego determinar si avanza con la causa.
Barcesat consideró que los demás miembros del gabinete que firmaron el decreto tuvieron un "obrar lesivo del sistema institucional".
De ese modo involucró a los ministros Rodolfo Terragno, Ricardo Gil Lavedra, Héctor Lombardo, Nicolás Gallo, Federico Storani, José Luis Machinea, Ricardo López Murphy, Graciela Fernández Meijide y Juan Llach.
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Denunciados 12/06/2000