Matias Ramírez

Considero que el proyecto de la estimada Diputada Conti es inaceptable en un estado constitucional de derecho, en tanto discriminatorio y violatorio del art. 16 CN, ya que, pese a ser imputados de delitos de lesa humanidad, son imputados en definitiva, como cualquier otro. Los derechos y garantías que hacen al concepto de "debido proceso" deber ser salvaguardados fuere cual fuere la entidad del delito imputado. Vislumbro en esta propuesta legislativa una suerte de pretensión vindicativa, lo cual no me parece correcto, ya creo que a estas personas hay que juzgarlas y condenarlas por lo que hicieron pero -mal que nos pese dada la repugnancia que causa su accionar- respetar sus derechos como a cualquier individuo. En cuanto a negar la asistencia de los Defensores Oficiales a aquellas personas que disponen de recursos económicos suficientes como para pagar un letrado particular, no se si resulta menester legislar al respecto ya que se supone que los abogados públicos deben ser requeridos para garantizar el derecho a la defensa de aquellos que no pueden pagar uno privado. SALUDOS.