In Voce

CAZACIÓN. Quién maneja la balanza del bien y del mal… quien se queda, quien se va. El estribillo de Alejandro Lerner lleno de interrogantes metafísicos y preguntas sobre el sentido de la existencia misma, extrañamente parece apropiado para el conflicto entre el Gobierno y la Cámara de Casación. El tema tiene muchas aristas, todas igualmente puntiagudas y de conclusiones interesantes. A veces uno extraña el forzoso y tranquilizador maniqueísmo de los dibujitos animados de nuestra primera infancia, donde era más que claro quiénes eran los buenos y quiénes los malos. Donde no costaba nada tomar partido, donde ante un combate entre el Caballero Rojo y el Mercenario Joe era evidente quién merecía ganar, quién queríamos que triunfara y quién iba finalmente a hacerlo. Si bien Casación es la instancia superior en materia penal y mucho más ahora que la Corte ha decidido aplicarle candado y blindaje a su tranquera, no hay forma de que Casación ni nadie salve a los represores de su condena anunciada. No son salvables y nadie en su sano juicio intentaría hacerlo. ¿Por qué algunos miembros del tribunal penal más importante del país arriesgarían sus cargos por una causa perdida? Con las leyes de obediencia debida y punto final fulminadas y con la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad que habilita la persecución eterna, muchos creen poder explicar el aparente deseo de amparar genocidas, bajo simpatías ideológicas de los jueces con miembros de las fuerzas armadas. El tribunal de Casación Penal tiene cuatro salas. El mayor embudo en las causas sobre derechos humanos, ese gran obstáculo que retarda las etapas de juicio, se produce en la Sala IV, especializada en temas militares. Hay en la actualidad 193 trámites recurridos por las defensas de ex militares. Estas actuaciones, sin resolución, son la causa de las renovadas demoras para el inicio de juicios orales a los autores de crímenes de lesa humanidad cometidos hace ya tres décadas. De los 253 represores procesados, sólo seis fueron juzgados, condenados y enviados a cárceles. Hay siete expedientes sobre crímenes del terrorismo de Estado que ya llegaron a los tribunales orales porteños, pero las audiencias no pueden empezar porque Casación mantiene sin resolver planteos de los acusados. En total, cerca de cien recursos e incidentes demoran desde Casación, también durante la etapa de instrucción, las investigaciones en todo el país. Sin embargo, metiéndose en un terreno resbaloso que no le conviene para nada, Diana Conti también señaló que a los jueces se les adjudica, además, haber firmado convenios con la Armada, asistir a misas oficiadas por el ex obispo castrense Basseotto y la utilización de instalaciones de los marinos -vecinos del edificio de enfrente-. En la defensa de las diferencias justo lo que no hay que hacer es objetar las diferencias de los otros. Acusar a Bisordi por ir a misa con Basseotto es tan intolerante y fuera de lugar como objetar a alguien por su orientación sexual o por su color de piel. La consejera a fuerza de reforzar sus argumentos, los termina debilitando. Mezcla insalubremente paja y trigo en un mix que cae invariablemente pesado a nivel de salud institucional. El tufillo a macartismo fue tan pesado que hasta la Corte nombrada casi enteramente por Kirchner sintió la necesidad de salir a abogar por la necesaria independencia del Poder Judicial. Es cierto, el del Máximo Tribunal fue un comunicado escueto y sin las firmas de rigor, pero tiene la fuerza de venir de quienes viene, justo en el medio del linchamiento. No debe escapar al análisis que éste es el primer embate del nuevo Consejo. Independientemente de los pecados o virtudes que tenga o no la Casación, es inevitable la sensación que el Consejo obedece ciegamente al presidente y que eso nunca es del todo bueno. Porque no sólo el oficialismo tiene mayoría numérica en el organismo para hacer y deshacer, sino que con el radicalismo de capa caída y los jueces amedrentados, cualquier tema que se dirima en el Consejo va a asemejarse al viejo juego del león suelto contra el mono atado.
Bisordi eligió la confrontación institucional respaldado en sus 40 años de trayectoria en la que seguramente habrá visto que todo aquel que se enfrentó con un poder con quórum propio no goza de los mejores presagios. De ello puede dar cuenta su colega Cabral, que desde el Consejo seguramente preguntará a diario si Bisordi ya presentó la renuncia. Distinto es el caso de su colega Ana María Capolupo que si bien apenas asumió cometió la gaffe de reconocer su poca experiencia en derecho penal, desde entonces ha tenido una trayectoria sin sobresaltos, transitando incluso el exigente doctorado de la UBA con su tesis sobre derecho procesal que mereció una calificación de 10. Por su parte Gustavo Hornos también volvió a las aulas. Pero a la manera de Heráclito, está cursando su carrera de abogacía bis, descubriendo que no es lo mismo estudiar a los 20 años que a los 50. Por otro lado los fiscales, aludidos a su turno por el presidente, han optado por sentarse en la platea y mirar cómo desde el Consejo, Bisordi paga los platos rotos de pecados propios y ajenos. Es cierto, en Casación hay grandes demoras. Sin embargo también hay otros tribunales con causas que duran años, llenas de morosidades inauditas y a las que el presidente no les dedica ni una línea de sus irritados discursos. Es verdad, hay que apurar las causas de derechos humanos para poder condenar a los represores antes de que se terminen muriendo en libertad. Pero también habría que apurar las causas de los jubilados que mueren durante el interminable trámite de sus causas de reajuste de haberes y tantas otras víctimas de la kafkiana morosidad de los engranajes tribunalicios en todo el país. Y no son sólo los jueces y los funcionarios judiciales los responsables. Gran parte de la responsabilidad la tienen los diferentes gobiernos de turno que mantienen un Poder Judicial subdimensionado y lleno de escaseases. La culpa es del chancho, del que le da de comer y, como si fuera poco, también del fabricante de chorizos.

DESDE EL LLANO. Durante su gestión la IGJ tuvo uno de los perfiles más altos de toda su historia. Tiene admiradores y detractores, cosechó amigos y enemigos, pero nunca indiferencia. Alejado de la función pública y dedicado de lleno a la profesión y a su Revista de las Sociedades y los Concursos, Ricardo Nissen vivió un episodio que como mínimo lo llena de suspicacias. En un expediente caratulado "Sedler Moisés y otro contra Malven Trading SA y otros" se planteó una cuestión de honorarios. No en lo referido a una regulación concreta, sino en lo que respecta a la existencia o no de solidaridad entre los obligados a pagarlos. La sentencia de segunda instancia rechazó la demanda e impuso las costas por su orden, de manera tal que el ex mandamás de la IGJ, enderezó, junto con los otros letrados que intervinieron en el caso por la misma parte, la ejecución contra el cliente que habían representado. Rechazado en primera instancia el planteo de uno de los demandados, el expediente pasó a la Sala B de la Cámara Comercial, integrada por María Gómez Alonso de Díaz Cordero y Miguel Bargalló. Con fecha 28 de diciembre de 2006 el tribunal resolvió revocar la resolución indicando que, cada demandado, debía responder en la medida de su interés en el pleito. Hasta allí todo parecía estar corriendo por los carriles normales de cualquier causa, cualquier abogado y cualquier tribunal. Sin embargo en la oficina de jurisprudencia de la Cámara apareció una copia (insólitamente firmada por los mismos jueces Gómez Alonso de Díaz Cordero y Bargalló), correspondiente a los mismos autos, de fecha 30 de noviembre de 2006, es decir, 28 días antes, pero con una solución exactamente inversa a la cual arribaron los referidos magistrados el 28 de diciembre de 2006. Los primeros párrafos de ambas resoluciones resultaron ser exactamente iguales, pero los últimos párrafos difieren: en la primera, del 30 de Noviembre, se confirma el fallo de primera instancia y en la segunda, del 28 de diciembre de 2006, se lo revoca. Como en esas películas de ciencia ficción en las que un pequeño cambio modifica toda la historia, la causa en otra vida tuvo, parece ser, una solución diferente. El detalle no es menor porque sucede que los honorarios eran jugosos y porque el desliz quedó penosamente al descubierto por los archivos oficiales de la misma Secretaría de Jurisprudencia. Ambas resoluciones están firmadas y ambas están registradas en el libro de registro de sentencias de la referida Sala B de la Cámara Comercial. Semejante error material pudo haber sido subsanado anulando una de las dos duplicaciones, sin embargo, la Sala anuló sorpresivamente las dos sentencias - en lugar de la segunda - y se excusó de seguir interviniendo en el caso, por "razones de delicadeza". Además, y para continuar en plan cancha embarrada, los camaristas desconocieron la firma de ellos obrante en la primera resolución y ordenaron formar un sumario administrativo a los fines de deslindar responsabilidades. Actualmente se ha planteado un incidente de nulidad que se encuentra en pleno trámite. Ricardo Nissen, siempre polémico, siempre chispeante y uno de los pesos pesados del derecho comercial, planea llegar con el regalito al mismísimo Consejo de la Magistratura. Mientras tanto sólo resta pensar que si semejante accidente procesal tuvo como víctima a un pez gordo como Nissen, con banca e influencias seguramente de sobra en el ambiente del derecho comercial, que le queda para el pobre abogado de a pie que patea anónimamente los tribunales.

alejandro s. williams / dju