Casi en simultáneo, y en tiempo récord, las dos Cámaras de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobaron este miércoles dos proyectos de ley polémicos impulsados por el gobierno de Felipe Solá. El primero, que el propio gobernador anunció hace unos días en conferencia de prensa, reduce la cantidad de ministros de la Suprema Corte a siete miembros. El otro, presentado por una senadora del Partido Justicialista, crea una comisión bicameral de 12 legisladores (7 diputados y 5 senadores que no deberán ser abogados), quienes a partir de ahora podrán denunciar a los jueces ante el Jury de Enjuiciamiento.
El proyecto de Solá para achicar la Suprema Corte recibió el visto bueno en ambas Cámaras, que sesionaron casi al mismo tiempo. De hecho, fue aprobado por unanimidad en Diputados y Senadores. Sin embargo, recién empezará a tener vigencia cuando se produzca una vacante, ya que actualmente la Corte tiene ocho miembros.
Entre los argumentos que dio hace una semana el gobernador para impulsar esa norma se destacaba la agilización de las causas existentes en el Máximo Tribunal. En esa oportunidad, Solá sostuvo también que el número de siete es suficiente para mantener una “Corte plural”. No obstante, el proyecto recibió críticas de los ministros Francisco Roncoroni (presidente de la Corte hasta este jueves) y Héctor Negri.
La otra iniciativa aprobada por ambas cámaras fue la que presentó la senadora Mónica Litza. Ese proyecto, no obstante, generó diferencias entre los bloques en la Cámara de Diputados, donde los representantes de ARI y de la UCR se opusieron. “Resulta suspicaz que un proyecto de 61 artículos ingrese en el día y se vote en ambas cámaras con una velocidad inusitada”, protestó un diputado del ARI. Finalmente, la iniciativa fue sancionada con el voto afirmativo de los legisladores del oficialismo y del Partido Justicialista (un rato antes había sido aprobada en el Senado).
Esta nueva ley otorga la participación de los sectores políticos en los procesos de Jury, a través de la creación de una comisión bicameral de 12 legisladores (7 diputados y 5 senadores que no deberán ser abogados), quienes a partir de ahora podrán denunciar a jueces que hayan incurrido en irregularidades. Hasta ahora, esta facultad sólo les estaba reservada a particulares, a los Colegios de Abogados de la Provincia, a la Procuración General y a la Corte.
La ley también prevé la creación de un cuerpo de instructores, que serán los responsables de llevar adelante las actuaciones contra los magistrados. De hecho, cada cuatro meses, los instructores deberán presentar informes a la comisión bicameral sobre su actuación en las diferentes causas que instruyan.
Pero en todos los casos de denuncia, será el Jurado de Enjuiciamiento quien finalmente resuelva si la acusación prospera o se desestima. Ese tribunal seguirá integrado por once abogados: cinco legisladores con ese título, cinco matriculados y el presidente de la Suprema Corte.
Este proyecto había sido duramente cuestionado por el Colegio de Magistrados bonaerense. “No otorga mayor poder a los ciudadanos comunes, a quienes la Constitución ya reconoce el derecho a iniciarlo y sostenerlo, sino que es una herramienta que, dejando a salvo las buenas intenciones de quienes la impulsan,
abre la posibilidad de que se presione a jueces, fiscales y defensores para proteger determinados intereses”, dijo la institución a través de un comunicado.
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