A su vez, Organismos de Derechos Humanos presentaron hoy un pedido de revisión judicial justificando el interés en la resolución final del litigio.
Mientras esto ocurre en esferas judiciales, en el Congreso continúa trabada la ley que prácticamente pondría en libertad a estos detenidos, ex integrantes del Movimiento Todos por La Patria que en 1989 atacó el cuartel militar de La Tablada. El peronismo de ambas cámaras se opone a la sanción de una ley que tendría un efecto retroactivo y le pide a la Alianza que asuma el costo político de dictar un indulto como en su momento lo hizo Carlos Menem con las Juntas Militares del Proceso.
El pedido de revisión fue presentado por la defensa de los detenidos por el copamiento del regimiento de la Tablada. Este habilita la intervención de Poder Judicial y deja en manos de la Cámara Nacional de Casación Penal el remedio a la situación planteada.
En su presentación, los organismos sostienen que el recurso debe resolverse de forma positiva no sólo porque resulta plenamente acorde con la legislación interna, sino porque deben respetarse las obligaciones contraídas por el Estado al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que desde 1994 goza de jerarquía constitucional.
Se hace hincapié especialmente en el derecho a la doble instancia, en el deber del Estado de respetar los derechos y de investigar y castigar las violaciones a los derechos a la vida y la integridad personal ocurridas luego de la recuperación de la unidad militar.
Finalmente, existe una obligación que compete a todos los poderes del Estado de cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana (CIDH), que en su informe 55/97 ha ratificado la violación de estos derechos protegidos por la Convención y ha recomendado su reparación.
En su presentación, los organismos de Derechos Humanos argumentaron que "los tribunales argentinos no pueden desconocer esta determinación de la CIDH, y si lo hicieran estarían violando la Convención, la Constitución Nacional y contrayendo responsabilidad internacional".
A través de esta presentación, los organismos de ninguna manera reivindican las razones y circunstancias del ataque, y ratifican que el recurso no corresponde en los casos de Enrique Gorriarán y Ana Sívori. Firman el petitorio las Abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora- y Servicio Paz y Justicia.
El Ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, por su parte, ratificó que “el gobierno va a cumplir con las recomendaciones de la (CIDH) hechas en 1997.
“Les he manifestado a los integrantes de la Comisión, cuál es la posición del gobierno argentino, sobre las recomendaciones que efectuaran en el año 1997 y el firme propósito y voluntad del gobierno en cumplir con esas recomendaciones”, señaló el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos.
En ese sentido, Gil Lavedra consideró de suma importancia que “el Parlamento pueda dar sanción a la ley (Torres Molina) que da posibilidad de recurso ante un tribunal superior a las personas que se encuentran procesadas o condenadas por la ley de defensa a la Democracia”, como es el caso de los presos por el copamiento de La Tablada.