A su vez, Organismos de Derechos Humanos presentaron hoy unpedido de revisión judicial justificando el interés en laresolución final del litigio.
Mientras esto ocurre en esferas judiciales, en el Congresocontinúa trabada la ley que prácticamente pondría en libertada estos detenidos, ex integrantes del Movimiento Todos por LaPatria que en 1989 atacó el cuartel militar de La Tablada. Elperonismo de ambas cámaras se opone a la sanción de una ley quetendría un efecto retroactivo y le pide a la Alianza que asumael costo político de dictar un indulto como en su momento lohizo Carlos Menem con las Juntas Militares del Proceso.
El pedido de revisión fue presentado por la defensa de losdetenidos por el copamiento del regimiento de la Tablada. Este habilitala intervención de Poder Judicial y deja en manos dela Cámara Nacional de Casación Penal el remedio a la situaciónplanteada.
En su presentación, los organismos sostienen que el recursodebe resolverse de forma positiva no sólo porque resultaplenamente acorde con la legislación interna, sino porquedeben respetarse las obligaciones contraídas por el Estado alratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos(CADH), que desde 1994 goza de jerarquía constitucional.
Se hace hincapié especialmente en el derecho a la dobleinstancia, en el deber del Estado de respetar los derechos yde investigar y castigar las violaciones a los derechos a lavida y la integridad personal ocurridas luego de larecuperación de la unidad militar.
Finalmente, existe una obligación que compete a todos lospoderes del Estado de cumplir con las recomendaciones de laComisión Interamericana (CIDH), que en su informe 55/97 haratificado la violación de estos derechos protegidos por laConvención y ha recomendado su reparación.
En su presentación, los organismos de Derechos Humanosargumentaron que "los tribunales argentinos no puedendesconocer esta determinación de la CIDH, y si lo hicieranestarían violando la Convención, la Constitución Nacional ycontrayendo responsabilidad internacional".
A través de esta presentación, los organismos de ninguna manerareivindican las razones y circunstancias del ataque, yratifican que el recurso no corresponde en los casos de EnriqueGorriarán y Ana Sívori. Firman el petitorio las Abuelas dePlaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos,Centro de Estudios Legales y Sociales, Familiares deDesaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Madres dePlaza de Mayo -Línea Fundadora- y Servicio Paz y Justicia.
El Ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, por su parte, ratificó que “el gobierno va a cumplir con las recomendaciones de la (CIDH) hechas en 1997.
“Les he manifestado a los integrantes de la Comisión, cuál es la posición del gobierno argentino, sobre las recomendaciones que efectuaran en el año 1997 y el firme propósito y voluntad del gobierno en cumplir con esas recomendaciones”, señaló el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos.
En ese sentido, Gil Lavedra consideró de suma importancia que “el Parlamento pueda dar sanción a la ley (Torres Molina) que da posibilidad de recurso ante un tribunal superior a las personas que se encuentran procesadas o condenadas por la ley de defensa a la Democracia”, como es el caso de los presos por el copamiento de La Tablada.