Montaña pidió que la nota sea enviada a la Comisión de Disciplina y Acusación “en expresa consideración que de la propuesta mantenida por los cincuenta y dos (52) jueces de primera instancia en lo civil firmantes, podrían tipificarse la comisión de algunas de las conductas establecidas en el artículo 14 y cc., de la Ley 24.934 y sus modificatorias”.
Por su parte, los consejeros magistrados consideraron que el pedido de Montaña “resulta de una gravedad preocupante, toda vez que pretende enrostrarle haber peticionado, afectándose así el derecho constitucional de pedir y disentir”.
La presidenta de la Cámara Civil, Ana María Brilla de Serrat, reenvió al Consejo la nota que el 7 de noviembre del pasado le hicieron llegar jueces de primera instancia del fuero. Allí proponían la creación de dos nuevos cargos por juzgado a ser ocupados por meritorios con un sueldo mínimo legal y que puedan ser designados por cada juez
Los jueces propusieron que cada meritorio se inscriba en un registro que lleve la Cámara y que luego de un período de prueba de tres a seis meses obtenga “estabilidad para ser indudablemente designado en la eventual vacante que se produzca en el juzgado”. También ratificaron que “la designación de un meritorio -claro está- ha de ser facultativa para cada magistrado.
El pedido surge a partir de la resolución del Consejo para que los nuevos empleados se designen entre los empleados que integran el “Registro de Meritorios”, que elaboró el organismo luego de un censo en 2005. Los magistrados civiles protestaron por la imposibilidad de “poder contar así con una amplia facultad para discernir dicha elección”.
Los magistrados agregaron que 1977 fue el último año en el que se crearon nuevos cargos. “El ostensible aumento de trabajo que en los últimos años se ha verificado, ha sido en realidad la causa que impulsó la gran cantidad de agentes meritorios que desempeñan tareas en los distintos juzgados”, sostuvieron los jueces civiles. Al aumento laboral los jueces sumaron la “insólita imposibilidad de incorporar nuevos meritorios.
Los meritorios son empleados que trabajan gratis en el Poder Judicial sin ninguna clase de cobertura social. El Consejo había resuelto que a partir del 1 de enero de este año todos ellos debían quedar efectivizados. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no incluyó en el presupuesto las partidas para ese fin. El tema está siendo discutido en el Comité de Negociación Colectiva que integran representantes del Consejo y de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación.
El titular del Comité, el abogado Montaña, sostuvo que las consideraciones de los jueces “resultan –cuando menos- inapropiadas tanto en lo formal, así como también respecto de la cuestión de fondo”.
El consejero también criticó la calificación de insólita respecto a la imposibilidad de incorporar meritorios por parte de los jueces. “Afirmaciones como la que precede, no hacen sino más que, poner en evidencia la desconsideración de los firmantes acerca de la normativa aplicable, riñendo con los esfuerzo realizados por este Cuerpo en regularizar una situación que avergüenza al Poder Judicial de la Nación”, opinó Montaña.
Además, Motaña criticó, respecto la falta de creación de nuevos cargos desde 1977, que los magistrados no hayan aludido a “la implementación del servicio informático en la Justicia, (que) ha simplificado de manera notoria dicho cúmulo” de trabajo. El abogado sintetizó la intención del pedido de los jueces en querer para sí la designación de los meritorios.
Por eso solicitó la opinión de la Cámara al respecto y que se informe qué juzgados tienen meritorios y si integran el Listado de Meritorios Censados o si fueron incorporados posteriormente a la prohibición que fijó el Consejo. Por último, el consejero también pidió que la nota sea enviada a Comisión de Disciplina y Acusación donde se investiga el desempeño de los jueces.
Los pedidos de Montaña contaron con la contra opinión de sus pares jueces quienes solicitaron que sean rechazados. Los magistrados señalaron que la propuesta “no sólo importa cercenar el derecho de peticionar, opinar y disentir, sino que es también una forma elíptica de denegar la petición realizada sin emitir opinión acerca de ella y sin dar otra posibilidad de solución mejor que la propuesta”.
A eso agregaron que el pedido “resulta de una gravedad preocupante” y que los jueces civiles “en modo alguno se alzan contra disposiciones alguna del Consejo de la Magistratura. Se limitan a informar su seria preocupación por el estado de situación de personal que se configuró en los juzgados, dificultando esa situación la prestación del adecuado servicio de Justicia”.
Respecto a la solicitud para que la Cámara Civil envíe información sobre registros de meritorios, Cabral, Bunge Campos y Galvez señalaron que “tampoco existen registros de meritorios en las Cámaras de Apelaciones, sino en este mismo Consejo, de modo que requerir el informe propuesto resulta a todas luces inconducente”.