La Comisión de Reforma del Código Procesal Penal de Neuquén, que preside Roberto Fernández, le entregó este lunes al titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) local, Eduardo Badano, el anteproyecto elaborado durante los últimos tres años. El documento, que se puso a consideración del Máximo Tribunal provincial, ofrece significativas variaciones respecto al borrador inicial producto de intensas y periódicas jornadas de revisión.
En esencia, el anteproyecto propone ir hacia un modelo más acusatorio. Según el presidente de la Comisión, la diferencia con el actual sistema radica en reforzar el rol del fiscal en el proceso de investigación penal y en establecer la figura del Juez de Garantías. De esa manera se separaría la etapa investigativa de la decisoria.
“Quiero hacerles llegar mi más sincero agradecimiento con la esperanza de que este anteproyecto, una vez sometido a las etapas de revisión que corresponden, se transforme en una nueva ley de procedimiento penal para la provincia del Neuquén que nos vaya acercando un poco más a ese ideal de dar una Justicia eficaz, eficiente, rápida, preservando todas las garantías que debe tener el ciudadano cuando se encuentra sometido a la Justicia y a la vez buscando el éxito de las investigaciones, el éxito de la labor del Poder Judicial”, dijo Badano durante la presentación de la iniciativa.
Además señaló la importancia de que todos los actores interesados “tengan la oportunidad de tomar conocimiento del anteproyecto, revisarlo, hacer sus opiniones fundadas, para que al momento de ser puesto a consideración de la Legislatura, cuente con la mayor cantidad de antecedentes posibles”.
Actualmente, el Código Procesal Penal neuquino contempla la existencia de un juez de Instrucción que no solamente investiga sino que, además, decide sobre la situación del imputado. El anteproyecto propone que el fiscal tenga a cargo la investigación y que un juez de Garantías intervenga en aquellas situaciones en donde se deban tomar resoluciones que vulneran derechos individuales como, por ejemplo, un allanamiento o la privación de la libertad.
El documento contempla, también, la modificación de la competencia de la Cámara de Garantías (actualmente Cámara de Apelación); la actuación de la Cámara Criminal como sala unipersonal o tribunal colegiado; y, la creación de un Juez de Ejecución Penal como herramienta útil para construir un espacio de garantías para el respeto de la legalidad ejecutiva y como respuesta frente al mandato que exige un control jurisdiccional permanente durante esta etapa del proceso.
El anteproyecto también contempla la reducción paulatina del expediente judicial en papel a través del uso de las nuevas tecnologías. Y prevé la participación popular a través del denominado Juicio por Jurados, que en este caso contempla un sistema escabinado.
Al respecto, el secretario penal del TSJ indicó “se trata fundamentalmente de incorporar a dos ciudadanos a un tribunal técnico. Obviamente en estos casos se ha buscado que se den dos condiciones: primero que el delito atribuido por la acusación tenga seis años de pena privativa de la libertad o más y, en segundo lugar, que haya un pedido expreso del imputado”.
La Comisión de Reforma del Código Procesal Penal fue creada en 2004 y está integrada por Roberto Fernández (Presidente), José Daniel Cesano, José Víctor Andrada, Luis María Fernández, Daniel Gustavo Varessio, Pablo Vignaroli, Elba Margarita Burgos Gallardo, Rómulo Alberto Patti, Héctor Carlos Trova, Marcelo Germán Muñoz, Fernando Javier Zvilling y Ricardo Cancela.
dju / dju
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.