El Colegio de Abogados bonaerense se sumó esta semana a los cuestionamientos contra la ley que reformó el régimen para el enjuiciamiento de magistrados en la provincia de Buenos Aires. Dijo que la norma es “un grave riesgo institucional” y amenazó con acudir a la Justicia.
“La Entidad se ha sorprendido que eso ocurra en momentos en que se busca consolidar el Estado de Derecho, como medio de superar las deficiencias estructurales y profesionales que presenta hoy la justicia, afectando la eficacia de su servicio frente a la ciudadanía”, dijo la entidad a través de un duro comunicado.
Y agregó: “Nada de lo que se haga será estable y duradero si se asienta en el desconocimiento del ordenamiento jurídico, constitutivo del marco básico mismo en el que se desenvuelven las personas y las instituciones. Y reafirmamos que su vigencia depende en una gran medida de la existencia de un equilibrio que impida el avasallamiento de derechos y garantías irrenunciables, a fin de restablecer el orden jerárquico y la estabilidad estructural y emocional que los tiempos requieren”.
El proyecto para reformar la ley de Jury, que también recibió críticas muy duras del Colegio de Magistrados, se aprobó en tiempo record, pese a la oposición del ARI y la UCR. Fue a mediados de abril, justo el mismo día que se votó la ley que modificó la integración de la Suprema Corte provincial.
La norma cuestionada otorga la participación de los sectores políticos en los procesos de Jury, a través de la creación de una comisión bicameral de 12 legisladores (7 diputados y 5 senadores que no deberán ser abogados), quienes a partir de ahora podrán denunciar a jueces que hayan incurrido en irregularidades. Hasta ahora, esta facultad sólo les estaba reservada a particulares, a los Colegios de Abogados de la Provincia, a la Procuración General y a la Corte.
La ley también prevé la creación de un cuerpo de instructores, que serán los responsables de llevar adelante las actuaciones contra los magistrados. De hecho, cada cuatro meses, los instructores deberán presentar informes a la comisión bicameral sobre su actuación en las diferentes causas que instruyan.
Para los abogados, la norma no tuvo “un debate abierto y participativo”. “Por el contrario –afirmaron- puso de manifiesto un hecho palpable: el de consagrar su sanción a toda costa, pasando por alto escrúpulos dignos de tenerse en cuenta. De esa manera, se inclina la balanza hacia la hegemonía del poder político (Ejecutivo y Legislativo), en desmedro de los principios que se sostienen”.
Por último, la entidad que nuclea a todos los abogados de la Provincia amenazó con iniciar acciones judiciales. “No podemos asistir impertérritos a pujas influidas por defensas sectoriales o privilegios irritantes en momentos en que se reclaman sacrificios de carácter general, por lo que deberíamos apelar, sin vacilación y con renovadas ilusiones, a los numerosos paradigmas de grandeza y desprendimiento que enriquecen nuestra historia. Por lo que no descartamos arbitrar las acciones legales que correspondan para poner remedio a este dislate”, concluye el comunicado.
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