La Iglesia Católica, a través de un documento, pidió que se produzcan las reformas legislativas necesarias para que sean sancionadas penalmente las personas que compran servicios sexuales y consideró a la prostitución como una forma de esclavitud moderna.
El comunicado señala que la Iglesia no puede permanecer callada ante el fenómeno de la violencia contra las mujeres y que es “hora de condenarla con determinación” empleando los medios legislativos apropiados, “asociando el código penal a la condena social”.
“Nuestro modelo es el legislativo sueco”, aseguró el prelado Agostino Marchetto, secretario del Consejo Pontificio para los Emigrantes. Lo dijo durante la presentación del documento denominado “Orientaciones para la pastoral de la carretera”, que también trata el tema de las mujeres y los niños de la calle y los “sin techo”.
En Suecia, en 1999, se aprobó una ley que penaliza la compra de servicios sexuales y despenaliza la venta de los mismos, con lo que ha disminuido, según señalan las estadísticas de las autoridades, en dos tercios la cantidad de prostitutas en las calles y un 80 por ciento el número de clientes.
La legislación sueca también prevé la entrega de fondos destinados a servicios de integración sociales para cualquier mujer que quiera dejar la prostitución y otros fondos adicionales para educar a la población. En este mismo sentido, el Vaticano ofrece a las víctimas de la prostitución, entre otras cosas, asistencia médica y legal, educación, rehabilitación y protección, y sostiene que a los clientes potenciales “hay que educarles a respetar y dignificar a la mujer”.
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