La Cámara Federal porteña le pidió al fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, que determine si el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, incurrió en algún delito al denunciar en el Congreso un supuesto mecanismo de facturas truchas en el ámbito del gobierno porteño. La Sala II de la Cámara, con las firmas de Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun, dispuso darle intervención a Garrido, en una causa que el juez Julián Ercolini había desestimado por "inexistencia de delito". El 18 de agosto pasado, en el Congreso, Alberto Fernández vinculó al gobierno porteño con las supuestas facturas truchas utilizadas por la empresa "Infiniti" en el marco de la causa "Skanska". La Cámara invocó la ley 24.946, del Ministerio Público, que en su artículo 45 determina que "la Fiscalía de investigaciones Administrativas podrá asumir, en cualquier estado de la causa, el ejercicio directo de la acción pública, cuando a los fiscales competentes antes mencionados tuvieran un criterio contrario a la prosecución de la acción".
Detienen en Santa Fe a una pareja con más de 100 kilos de marihuana
La Policía de Santa Fe detuvo a una pareja que transportaba 106 kilos de marihuana en una camioneta Ford F-100. La detención se produjo en la ruta nacional 19, a 30 kilómetros de la ciudad capital. Ocurrió cuando la Policía notó una actitud sospechaba de los ocupantes de la camioneta, por lo que se detuvo en la banquina para dialogar con el conductor de un auto. Los efectivos encontraron en la caja del vehículo 81 panes de marihuana que tenían como destino la ciudad de Córdoba y provenían de Uruguay. Los detenidos son un hombre correntino de 57 años y una ciudadana brasilera de 47 y quedaron alojados en la Alcaldía de la Unidad Regional I de la policía de Santa Fe.
Una excepción al principio de ubicuidad en la competencia penal
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco del expediente caratulado ”Daher, Raúl Fernando s/ denuncia”, le asignó competencia al Juzgado de Instrucción Formal de Primera Nominación con asiento en Tartagal, provincia de Salta pues allí se domiciliaba la menor. La causa se abrió por una denuncia de impedimento de contacto de un padre con su hija menor. La discusión de competencia tuvo lugar pues la madre y la menor se habían hospedado en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires para pernoctar hasta abordar el avión hacia Venezuela. La Corte sostuvo su decisión aun cuando la conducta investigada había sido realizada y sus efectos materializados en la jurisdicción nacional –principio de ubicuidad-. A su vez, los jueces tuvieron en cuenta que el divorcio, régimen de visitas y autorización judicial para que la menor salga del país –hacia Maracaibo, Venezuela- fueron tramitadas ante el juez de Salta, y por lo tanto es este el que debe investigar el hecho. VER FALLO COMPLETO
Piden juicio a ex delarruistas acusados de corrupción
La elevación a juicio oral fue solicitada por el fiscal Martín López Perrando. Fue en el marco de una causa en que están implicados 8 ex funcionarios de la gestión porteña de Fernando De la Rúa, quienes pagaron por una obra pública que nunca se realizó.
En la investigación realizada, el fiscal puede demostrar que existieron vínculos entre funcionarios y empresarios que conformaron "una red de corrupción enmarcada en una licitación pública para la construcción de una obra pública de especial interés para la comunidad". Se habrían presentado certificados de obra (firmados por los inspectores porteños) que aseguraban haber realizado el trabajo, para de esta forma poder emitir las facturas correspondientes. Finalmente el pago se realizó y se comprobó que los trabajos nunca se habían realizado.
Quienes figuran en la lista de pedido de juicio oral son Sebastián Bottaro Blasco, Nicolás Gallo, Hugo Ramón Clausse, Gabriel Ciribeni, Juan Carlos Rivara, José Figueira, Claudio Palmeiro, Juan Della Palma, José Enrique Rodríguez, Guillermo Capella, Víctor García Tuñón y Ricardo Borda.