El informe destaca que la mayoría de las presentaciones tuvieron –a favor de los gremios del estado- la medida de no innovar, que suspende la aplicación de la disposición 430/2000, que la Cámara del Trabajo confirmó, obligando a que el gobierno vaya a la Corte Suprema como última instancia.
Asimismo la justicia federal se debe pronunciar a las denuncias formuladas contra el Poder Ejecutivo, que desobedeció los fallos del recorte de salarios, al haber reducido en los haberes de junio, el 12 y el 15 por ciento, según la base salarial de 1000 y 6000 pesos.
Cabe destacar que la semana pasada, dos Salas de la Cámara Nacional del Trabajo habían ratificado la suspensión de la aplicación del decreto 430/00 por el cual se dispuso una poda de sueldos de los empleados estatales entre un 12 y un 15 por ciento.
La sala Quinta de ese tribunal resolvió una medida similar ante una presentación efectuada por distintos gremios.
A la ratificación de la medida cautelar dispuesta por la jueza del trabajo Silvia Barrionuevo por parte de la sala primera, se sumó la de la sala segunda que confirmó lo dispuesto por el juez Miguel Angel Pirolo.
En esta oportunidad, el magistrado había hecho lugar sin resolver la cuestión de fondo a un reclamo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), de la Unión de Trabajadores de Prensa (UTBA), de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos y Administración General de Puertos (A:P:D:F:A).
En su resolución la sala segunda de la Cámara del Trabajo, integrada por los jueces Ricardo Alberto Guibourg, Roberto Omar Erias y Elsa Porta, reconoce “capacidad a las asociaciones sindicales con personería gremial para defender y representar ante el Estado “los intereses individuales y colectivos de los trabajadores” y cuestiona los alcances de la utilización de “decretos de necesidad y urgencia”.
Los camaristas hacen suyo el dictamen fiscal, que acoge favorablemente el amparo “como derecho inalienable de toda persona a interponer una acción expedita y rápida para obtener la tutela judicial, lo que desautoriza toda interpretación restrictiva”.
La sala primera del mismo tribunal había ratificado en la medida cautelar dispuesta por la jueza Barrionuevo, en un amparo interpuesto, en un amparo interpuesto por la empleada ANSSES María Teresa Derudi.
Hoy en las puertas del Palacio de Justicia de la Nación, un centenar de trabajadores del Estado, realizaron una movilización, para que la justicia impida que el gobierno recorte los salarios en aplicación al decreto 430/2000 que dictó al invocar un estado de emergencia económica.