El Servicio Penitenciario Federal (SPF) fue dotado de 542 nuevos agentes para las áreas de seguridad defensa. La decisión del Poder Ejecutivo Nacional se conoció este martes a través del decreto 863/07 publicado en el Boletín Oficial. La medida se toma para “atender la mayor capacidad de alojamiento de internos derivada de la ampliación de establecimientos penitenciarios, y el aumento de demandas y servicios producto de esa situación.”, señala el decreto. Además, también este martes el presidente Néstor Kirchner y el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, anunciaron un aumento salarial no remunerativo del 16,5 para los 10.000 efectivos en actividad del SPF a pagarse en dos etapas: un 10 por ciento retroactivo al 1 de junio y el 6,5 restante desde el 1 de agosto.
Reducción de pena para quien pertenece al secuestro de Macri
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal modificó parcialmente la sentencia impuesta por el juez Canicoba Corral a Ángel Blois, reduciendo su condena a once años y medio de prisión. Blois había sido entregador del empresario Meller a los integrantes de la banda que lo secuestraron en 1985. Este había estado prófugo durante una década hasta que finalmente fue capturado. El juez de primera instancia tuvo que seguir el procedimiento del Código viejo y en función de aquel le aplicó una pena de 15 años de prisión. Pudo ser probado que Blois había recabado todos los datos para facilitar la tarea a los secuestradores, siendo materialmente el entregador del empresario Meller. Los jueces de la Sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal, entendieron que el imputado fue en realidad un partícipe secundario, ya que si bien conocía los movimientos de la víctima, era completamente fungible en el plan delictivo que fue llevado a cabo por el resto de los miembros de la banda. Por mayoría, los camaristas redujeron la pena a once años y medio de prisión, por lo que todavía continuará detenido algunos años más.
Diez ex jefes militares juzgados por delitos cometidos durante la última dictadura
Diez ex jefes de inteligencia del ejército durante la última dictadura, comenzaron a ser juzgados hoy en el primer juicio contra militares que se desarrolla desde la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en el 2003. Cristino Nicolaides, Jorge Arias Duval y Pascual Guerrieri, son algunos de los juzgados. Todos ellos están acusados del secuestro y desaparición de varios militantes montoneros entre fines de 1979 y comienzos del ’80. El juez federal Ariel Lijo tiene previsto tomar declaración a unos 19 testigos, entre los que se encuentra el diputado Miguel Bonasso y el secretario de derechos humanos bonaerense Edgardo Binstok. Las acusaciones se realizaron por escrito siguiendo los pasos del viejo código procesal.
Condenaron por homicidio culposo al baterista de “Damas Gratis”
El baterista del grupo de cumbia “Damas Gratis”, Ángel Navarro, fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de homicidio culposo. Fue encontrado culpable de la muerte de un joven de 18 años a quien mató el 22 febrero de 2002 en una villa de la localidad bonaerense de Munro de un disparo. Habría sido un hecho accidental, según entendió el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de San Isidro que lo juzgó. Por tratarse de un delito excarcelable, Navarro llegó en libertad al juicio y el Tribunal ordenó su detención. El hecho ocurrió cuando Martín López, de 18 años recibió un disparo del arma que tenía Navarro y de quien se encontraba a escasos metros.
Cuatro jueces y un fiscal declarados personalidades destacadas en DD.HH
La Legislatura Porteña declaró personalidades destacadas en Derechos Humanos al fiscal Hugo Cañón y a los jueces Juan Antonio González Macías, Luis Cotter, Juan Ramos Padilla, Ignacio Larraza (fallecido) y Luis Bacqué, quienes en 1987 declararon la inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida. Esa ley, declarada finalmente inconstitucional por la Corte en 2003, en su momento permitió la liberación de más de doscientos represores e impidió el enjuiciamiento de otros ochocientos, todos acusados de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. El proyecto de declaración fue presentado por Diego Kravetz, presidente del bloque kirchnerista, y fue acompañado por los diputados Rubén Devoto, Beatriz Baltroc, Fernando Mellillo, Marta Talotti, Sandra Bergenfeld, Ana María Suppa, Sebastián Gramajo, Silvia La Ruffa, Alejandro Rabinovch y Martín Hourest.
Consiguió poco más de un millón y medio de dólares y la pena de muerte
China ejecutó la pena de muerte contra un alto funcionario de la administración por la aceptación de sobornos de poco más de un millón y medio de dólares. El funcionario era Zheng Xiaoyu y se encargaba de la Administración Estatal de Alimentos y Medicamentos en toda China. El imputado había apelado su condena a muerte sosteniendo que esta era demasiado dura y ofreció revelar datos sobre otras personas implicadas en los sobornos y el supuesto incumplimiento en sus deberes. El tribunal popular de alzada rechazó el recurso considerando que la información que aportaría sería inútil para la investigación, ya que los investigadores ya la habían recavado. Tras ello, ejecutaron la pena de muerte, dictada el último 29 de mayo. Zheng Xiaoyu había sido separado de su cargo a principio de año por la sospecha de soborno y fue rápidamente conducido al cadalso.