Es que luego de haberse decretado el embargo por U$S 36 millones por parte del activo juez en lo penal económico Carlos Liporace sobre la empresa Peugeot -que esta columna anticipó como primicia- en esa investigación de contrabando supuestamente consumado cuando la automotriz estaba bajo la égida de los Macri-Sevel, seguramente se machacará con "la inseguridad jurídica y el caprichoso criterio de algunos jueces y fiscales que sigue pesando en las decisiones de los inversores extranjeros" -como en el caso de Renault-, para no darle a la Argentina confianza hacia su sistema judicial, debiendo motorizar a "media máquina" créditos a baja tasa junto a inversiones de riesgo. Interpretación que luego seguramente traducirán en que los costos originados por el sistema judicial y la "inseguridad" que parece surgir de sus interpretaciones, elevan el costo argentino a altos márgenes para la globalización. Esta película ya la vimos.
hugo morales / dju
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