“No existe para el que suscribe, obligación alguna de conocer la lengua autonómica, a diferencia del Sr. Álvarez que si bien puede utilizar ésta tiene al tiempo obligación legal de conocer el castellano”, dijo el juez decano de La Coruña, Antonio Fraga Mandián, en declaraciones que reprodujo el diario El País de España.
Todo comenzó cuando Eduardo Álvarez, profesor de la secundaria y responsable de la comarca CIG Ensino, recibió en abril una notificación judicial escrita en castellano, proviniente del juzgado donde había presentado un reclamo. Álvarez se presentó en el Tribunal y pidió que por favor se la tradujeran al gallego y se la enviaran nuevamente.
El pedido generó controversia con el juez que aseguró que Álvarez lo llamó mentiroso y lo denunció por injurias, proceso que avanza y podría terminar en una condena económica.
Este miércoles comenzó el juicio y el profesor pidió ser absuelto. Por su parte la Fiscalía solicitó que sea condenado con una multa diaria de 10 euros a razón de 20 días; mientras que la defensa del magistrado también pidió una multa económica de 20 euros por 60 días y una indemnización de 10.000 euros por daños al honor.
En la audiencia, Álvarez se quejó de que el magistrado haya recurrido a los medios de comunicación para difundir la denuncia a través de la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia. El juez sostuvo que consideró que el hecho tenía “valor pedagógico” para darlo a publicidad.
Pero Álvarez no está sólo. Durante la audiencia, unas 50 personas entre diputados, concejales y gremialistas se concentraron frente a los tribunales para respaldarlo en su reclamo.