En un nuevo fallo a favor del cuidado del medio ambiente, el tribunal en lo Contencioso Administrativo de Jujuy ordenó al Gobierno provincial a que frenara la tala de árboles que se estaba realizando en el marco de una obra que prevé un nuevo trazado del acceso sur a la ciudad de San Salvador.
En diciembre se había dictado una medida cautelar que prohibía la tala de árboles. Ahora el tribunal dictó la sentencia definitiva del caso que, además de reiterar la prohibición, anula la Resolución de Factibilidad Ambiental de la obra (el instrumento que aprueba los antecedentes para llevar adelante los trabajos) y establece que se dicte una nueva a partir de la realización de una audiencia pública que determine el impacto ambiental.
“Hasta tanto se realice dicha audiencia pública y se dicte la respectiva Resolución de Factibilidad Ambiental, y sin perjuicio de la continuidad de los trabajos, se restablece la inmediata vigencia de la medida cautelar despachada en cuanto a la prohibición de continuar con la tala de árboles”, señala la resolución judicial.
De esta manera, los jueces Luis Oscar Morales y Benjamín Villafañe confirmaron la viabilidad del amparo al que habían hecho lugar en diciembre de 2006 y que fue presentado por PROCONSUMER (la Asociación de Protección de Consumidores del Mercado Común del Sur) y dos vecinos de la capital jujeña contra la Dirección Provincial de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la provincia.
El fallo, que fue notificado el pasado 13 de julio, ordenó que “a través de la autoridad de aplicación, el Estado Provincial publique, por tres días consecutivos en dos diarios locales de mayor circulación y los canales de cable y de aire de San Salvador de Jujuy, la convocatoria a audiencia pública, y por idéntico medio se ponga a disposición de la población, los Estudios de Impacto Ambiental, sus estudios complementarios, planos de obra y demás documentación relativa a la obra de readecuación del acceso sur”.
A pesar de la prohibición de talar que surge de la sentencia, ya hubo por parte del gobierno incumplimiento de la orden judicial. Por ello un grupo de vecinos presentaron ante la Justicia una denuncia, acompañada de un acta notarial con fotos y filmaciones, que lo acreditan. En ese mismo sentido está trabajando PROCONSUMER, que realizó un pedido de informes a vialidad, recursos naturales y al municipio de San Salvador para constatar efectivamente que las autoridades continuaron talando árboles luego de la notificación del fallo.
De ser así, el caso quedaría encuadrado en el artículo 239 del Código Penal por incumplimiento de una obligación legal y se pedirá que los responsables respondan por el delito.
dju / dju
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