Así lo revela un trabajo que elaboró la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) titulado “La publicidad oficial del Poder Ejecutivo Nacional durante 2006 y el primer semestre de 2007”. Este informe cuenta con un capítulo sobre los proyectos de ley presentados para crear un marco que controle la distribución de la pauta de Gobierno. Ello teniendo en cuenta que el presupuesto para dicha actividad aumentó de 2005 a 2006 un 64 por ciento y acumula un incremento del 388 por ciento en los últimos tres años, sin ningún tipo de control.
De los seis proyectos, dos se encuentran en la Cámara de Senadores y cuatro en Diputados. Todos fueron presentados únicamente por la oposición (la Unión Cívica Radical, el PRO, y lo que hoy se conoce como el PJ antikirchnerista). Ninguna de las iniciativas lograron ser aprobadas por las comisiones en las que se encuentran (la de Libertad de Expresión de Diputados y la de Sistemas, Medios De Comunicación y Libertad de Expresión del Senado), ni tener un amplio debate. Ello a pesar de que algunas fueron presentadas hace un año.
Los registros del Senado no dan cuenta que las iniciativas hayan sido analizadas a pesar de que las dos ingresaron a la Cámara en septiembre y noviembre del año pasado. Por su parte, en Diputados, los tres proyectos (presentados entre junio de 2006 y 2007) fueron discutidos por única vez y por los asesores de los diputados, el 12 de julio. “Hasta ese momento, no hubo ningún avance concreto en el trámite parlamentario de los proyectos presentados tanto en Diputados como en el Senado”, señala el informe de la ADC.
Según informaron fuentes del Congreso a diariojudicial.com, ninguna de las dos cámaras tiene previsto reunirse en el futuro inmediato para avanzar con esas iniciativas.
Todos los proyectos destacan la transparencia, eficacia y no discriminación que debe tener la adjudicación de la publicidad oficial. También proponen la creación de un registro que contenga los medios interesados en recibir publicidad oficial, los datos de las audiencias, las tarifas y las zonas geográficas de alcance. Asimismo, los diferentes organismos (cada iniciativa indica uno distinto) que estarían a cargo del control de la distribución y ejecución de la pauta pública.
Por otra parte, cada iniciativa propone un sistema de asignación de la publicidad distinto. Pero en líneas generales coinciden en un criterio de distribución según la audiencia de cada medio, la circulación y alcance geográfico, el perfil del público, y el objetivo del mensaje que se quiere trasmitir.
Como no existe una ley que regule la publicidad oficial, no existe criterio alguno para su designación. Y eso lo revelan los aumentos en el presupuesto de la publicidad oficial.
El trabajo de la ADC (elaborado con datos proporcionados por la Secretaría de Medios de la Nación) señala que en 2006 el Poder Ejecutivo invirtió 209.638.868 pesos en publicidad oficial en 2006. Se trata de 64,4 por ciento más que en 2005 cuando se gastó 127.462.075 pesos. Y de los 202.792.000 pesos presupuestados para este año, en los primeros seis meses ya se distribuyó el 81 por ciento, es decir 164.710.597,40 pesos.
Un trabajo similar elaborado por Poder Ciudadano sostiene que en los últimos tres años el incremento publicitario del Poder Ejecutivo llegó al 388 por ciento.
En lo que va del año, el organismo que más gastó en pauta fue la Administración Federal de Ingresos Públicos (25.490.803,15 pesos); le siguió el Ministerio de Salud (24.694.265,99 pesos) y el Ministerio del Interior (23.476.795,60 pesos). El Ministerio de Justicia se ubica en el noveno lugar de los organismos nacionales relevados por la ADC con un gasto de 6.744.660,44 de pesos. El crecimiento de la pauta de la cartera judicial es muy alto teniendo en cuenta que en el 2006 no figura entre las 30 dependencias que hicieron los mayores gastos en publicidad y que el último de ese listado tuvo una inversión de 508.666 pesos.
La ADC destaca el valor de la publicidad oficial. “Puede y debe cumplir una función muy positiva, vinculada con la promoción de las políticas, servicios e iniciativas gubernamentales”, señala la ONG. Pero al mismo tiempo sostiene que “el manejo discrecional de la pauta publicitaria puede impactar negativamente sobre la libertad de expresión, si la pauta es utilizada para beneficiar a los medios de comunicación afines y castigar a las voces críticas”.
Tampoco escapa que la pauta publicitaria puede ser una buena caja para la política partidaria. “En un año electoral como el actual, será importante cotejar que la publicidad de los actos de gobierno no sea utilizada indirectamente como modo tendiente a captar el sufragio a favor de determinados candidatos”, propone la entidad.
En ese marco, ADC presentó en diciembre del año pasado en la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados, el documento “Principios Básicos para la Regulación de la Publicidad Oficial” que presenta una serie de pautas para regular y controlar la publicidad oficial.
“Para evitar posibles decisiones arbitrarias y otorgar un marco de transparencia, planificación y control, es necesario que se dicte una adecuada legislación que regule la producción, contratación, distribución y control de la pauta del Estado”, sostiene la ADC
Y se esperanza al señalar que “sería deseable que en Argentina se avance pronto hacia una regulación legal de la distribución de la publicidad oficial”. Pero el Congreso, por ahora, no acompaña.