El diputado socialista por la Ciudad de Buenos Aires, Héctor Polino, ratificó una denuncia penal contra el ministro de gobierno porteño Diego Gorgal pidiendo que se investigue al funcionario por presunta administración fraudulenta.
Polino sostiene que Gorgal alquiló en forma irregular un inmueble destinado al traslado de varias dependencias judiciales de la Ciudad. Para el legislador esa contratación fue ilícita porque se hizo sin licitación previa cuando no existían razones para que se haga en forma directa.
El diputado señaló que “el 15 de Enero de 2007 se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad, que el ministro de gobierno, Diego Pablo Gorgal, aprobó por Resolución Nº 1-MGGC, la contratación directa para la locación por tres años, del inmueble ubicado en Perón 2933/41/61, cuyo canon locativo mensual fue determinado por la Gerencia de Pignoraticio y Ventas del Banco Ciudad, en 250.000 pesos. No obstante ello se acordó con el propietario abonarle 287.500 pesos mensuales, o sea el 15 por ciento más del estipulado. Esto equivale a una suma anual de 3.450.000 pesos, sin que mediara ningún impedimento para llamar a licitación pública o privada”.
“El objeto es que se investigue y se determinen las responsabilidades”, dijo Polino, que este viernes fue a ratificar la denuncia agregando nuevas pruebas documentales a la misma. Ahora el juzgado nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 34, a cargo de Federico Salvá, deberá dar curso a la investigación pertinente.
Sobre la cuestión, Gorgal había justificado en ese momento que la contratación directa se hizo por la urgencia de trasladar: las Oficinas de la Subsecretaría de Justicia, las Direcciones Generales de Justicia y Registros, de Administración de Infracciones y su Adjunta, un nuevo archivo para la Dirección General de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, la Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, la Unidad Administrativa de Control de Faltas y la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales creada por Ley 2128/06, que aún no se encuentra en funcionamiento.
Para la Administración Pública, la contratación directa es un sistema de excepción de los procedimientos de selección por Licitación Pública, y debe ser fundada por la autoridad competente que lo invoque para poder ser aplicado. Sin embargo, Polino señala que al día de la fecha las razones de urgencia invocadas por Gorgal para llevar a cabo el procedimiento de excepción de contratación directa, “eran y continúan siendo inexistentes, lo que torna inválida e ilegal tanto la modalidad de la contratación implementada, como el precio locativo acordado con el propietario, con el consiguiente daño patrimonial a las finanzas de la Ciudad de Buenos Aires”.
Más allá de las irregularidades en la contratación, Polino remarca que Gorgal no necesitaba buscar un inmueble en alquiler para esos fines ya que el Gobierno de la Ciudad había adquirido en 2004 un bien para trasladar exactamente a las mismas dependencias enumeradas en la citada Resolución firmada por el ministro.
Otra cosa que destaca Polino en su denuncia es que a casi ocho meses de aprobada la contratación, las dependencias que debían ocupar el inmueble alquilado siguen funcionando donde lo hacían hasta antes. Mientras que tampoco se están realizando obras ni equipamiento para que funcione allí ninguna oficina, por lo que se estarían abonando alquileres desde enero de 2007 por algo que no se utiliza.
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