Todo se originó cuando un ciudadano presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una querella contra el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, acusándolo de poner en peligro de guerra a nuestro país con los Estados Unidos.
El planteo impetrado por el querellante en los autos caratulados ”Cedrun Gutiérrez, José Bibiano s/ su presenta¬ción”, está enmarcado dentro del artículo 219 del Código Penal, que establece que:
”Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que por actos materiales hostiles no aprobados por el gobierno nacional, diere motivos al peligro de una declaración de guerra contra la Nación, expusiere a sus habitantes a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes o alterare las relaciones amistosas del gobierno argentino con un gobierno extranjero. Si de dichos actos resultaren hostilidades o la guerra, la pena será de tres a quince años de reclusión o prisión.”
En una inesperada vuelta a los ’70 y a la Guerra Fría, época en que las fantasías populares nacionalistas enarbolaban el “peligro rojo”, viendo espías rusos y cubanos atrás de cada esquina, un ciudadano acusó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, invocando su competencia originaria.
Sostuvo en su libelo acusatorio que ”el acto llevado a cabo por el imputado el 9 de marzo pasado, en el estadio de Ferrocarril Oeste, tuvo entidad para alterar las relaciones de nuestro país, tanto con los Estados Unidos de Norteamérica como con los demás países del mundo, así como para exponer a sus habitantes al peligro de sufrir perjuicios personales y en los bienes.”
El Procurador Fiscal, Luis González Warcalde, tardó sólo 20 días en emitir su dictamen, cuya rapidez debe estar relacionada, seguramente, con el fin de llevarle tranquilidad al querellante, el cual teme que en el corto plazo seamos víctimas de la defensa propia de la OTAN.
Esta preocupación tiene sus raíces en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que autorizó a la OTAN a utilizar armas de destrucción masiva y nucleares contra los países que considere una amenaza a su seguridad y paz mundial.
El agente fiscal consideró que debía rechazarse la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por no tratarse Hugo Chávez de un funcionario de nuestro país, sino del presidente de Venezuela.
Los jueces Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, E. Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, hicieron suyas las palabras del procurador, y ordenaron remitir el expediente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, a fin de que sorteen un juzgado para que prosiga la causa.