Ante la repotenciación del enfrentamiento, el propio RicardoGil Lavedra se vio obligado a negar la existencia de unexpediente secreto del Gobierno donde se pondría en tela dejuicio a los jueces federales bajo el cargo de supuestoencubrimiento de ex funcionarios menemistas. "Como no pudieronprobar que somos corruptos, ahora nos acusan de encubridores",se quejó ante este diario un colega de Bagnasco que pidióanonimato por obvias razones de recusación en causas.
En privado, Gil Lavedra no oculta su irritación por verseenvuelto en una operación de la que jura es ajeno. "Esesupuesto papel no salió del Ministerio de Justicia, además elministro no piensa eso de los jueces federales y cree quetienen toda la razón en defenderse", explicó a este diario unestrecho colaborador del hombre elegido por Fernando de la Rúapara armar un fino entramado en el difícil frente judicial.
"Como "Chacho" tuvo que retroceder con los senadores, ahora,quiere cargarse a un par de jueces federales para mostrarsecomo un "superman" de la anticorrupción", replicaron desde lavereda judicial, otro de los jueces cuestionados que trataba deresumir el espíritu colectivo que se vivía en ese fuero, quienrecordó -además- las relaciones profesionales y personales deMassoni con Anibal Ibarra, el electo jefe de Gobierno de laCiudad de Buenos Aires.
En público, Bagnasco disparó por elevación:
# No es la primera intervención harto manifiesta del Ejecutivoque hay en 6 meses.
# Han circulado papeles de funcionarios que piden datospersonales de jueces, lo cuál excede las atribuciones del cargode quien lo hace (en referencia a Massoni).
# Estas presiones del Gobierno apuntan a que los jueces hagamoslo que ellos quieren en las causas.
# Nunca hemos tenido una buena relación con los ministros deJusticia, pero esta administración tiene como condimentos hacercircular documentos secretos sobre expedientes que sonpúblicos, haciendo adjetivaciones antojadizas y con undesconocimiento muy grande de lo que surge dentro de losexpedientes.
# El Gobierno apela a la lógica del divide y reinarás ya queclasifica arbitrariamente a algunos (jueces) de probos y aotros de réprobos.
Por estas declaraciones al diario Página 12 -en realidad fueel disparador de la pelea- debió salir a responder GilLavedra, buscando atenuar el impacto de un enfrentamiento quepodría terminar en el Consejo de la Magistratura pero con unalto costo político para De la Rúa.
Los jueces creen que el enojo de Massoni se debe a que lamayoría le impidió meterse en los expedientes para impulsardenuncias y manejar las causas contra los ex funcionarios delanterior gobierno que se encuentran denunciados, como VictorAlderete y María Julia Alsogaray.
Colegas de Bagnasco creen que la Oficina Anticorrupciónesperaba que se le imputara asociación ilícita al exadministrador del PAMI y como ello no ocurrió por no surgirpruebas claras después de su indagatoria, se desató estaofensiva. "Prueba de ello -sostienen- que el "paper" oficialhabla bien de aquellos jueces que aceptaron ese rol a Massoni".
Pero la Oficina Anticorrupción no solo recibió la andanada delos jueces sino que desde un ángulo no previsto recibió un durorevés como es la Comisión de Acusación del Consejo de laMagistratura, un ámbito no precisamente proclive a satisfacera los jueces y mucho menos a los federales.
El cuerpo, entre los que se cuenta el diputado radical MelchorCruchaga, le reprochó a Massoni haberle dado curso a unadenuncia anónima contra la jueza Mónica Atucha de Ares porpresunto enriquecimiento ilícito.
"Los consejeros no cumplen la función de fiscales, esa denunciase tendría que haber enviado adonde corresponde", fue la veladacrítica de Cruchaga, quien junto al senador Alasino propusocrear un reglamento para admitir denuncias ante el desborde delos anónimos que inundan esa comisión. "El que denuncie queponga la cara", fue la conclusión de los consejeros.
Otro dato adverso para la Oficina Anticorrupción fue ladecisión de la Sala II de la Cámara Federal porteña que lereconoció a María Julia Alsogaray el rol de querellante en unjuicio que la ex funcionaria le sigue a ese organismo queCarlos Menem calificó como de "Oficina Antiperonista".
La ex secretaria de Medio Ambiente acusó a Massoni de haberlefiltrado (supuestamente) información a un matutino antes depresentar la denuncia en el juzgado federal de Bagnasco por lacomisión de supuestas irregularidades en la refacción de unpiso de esa secretaría.
Lo llamativo es que la resolución fue firmada por los trescamaristas que también le aceptaron a la Oficina Anticorrupciónel rol de querellante en causas penales que le habían rechazadola mayoría de los jueces federales, con excepción de GabrielCavallo, Jorge Ballesteros y Gustavo Literas.