El fiscal federal Oscar Amirante pidió al juez Daniel Lijo que cite a prestar declaración indagatoria (artículo 294 del CPP) a banqueros y ex funcionarios como imputados por la crisis económica que estalló a fines de 2001. En el requerimiento que da un nuevo impulso a la instrucción Amirante sostuvo que hubo un perjuicio no sólo para los ahorristas sino para toda la sociedad. Según el fiscal los ex funcionarios "nos engañaron" con la Ley de Intangibilidad" de los depósitos. Amirante pidió las indagatorias de Domingo Cavallo, Daniel Marx, y de más de 1000 banqueros, entre quienes están Eduardo Escassasny, Miguel Kiguel, Arnaldo Bocco, Roberto Feletti, Diego Santilli, Enrique Olivera, Julio Macchi, José María Dagnino Pastore, Mario Vicens, Julio Werthein, Manuel Sacerdote, Carlos Fedrigotti, William Sutton, José y Carlos Rohm,Guillermo Harteneck, Ana Botín, y Alfredo Irigoin entre otros.
Autonomía funcional, autarquía financiera, jerarquía y mayor participación académico-legislativa
En el marco del primer taller de las 20º jornadas de los Ministerios Públicos, celebrada en la provincia de San Juan, los defensores oficiales reclamaron a las provincias y a la nación que se los considere como una institución autónoma. Sostuvieron que existe la necesidad que los defensores oficiales sean tratados con igual jerarquía que los fiscales. También tener autonomía funcional en su propio cuerpo y autarquía financiera, a fin de no depender de ningún poder o de instituciones con intereses posiblemente contrapuestos. Reclamaron que se le de al defensor oficial una mayor participación en las discusiones para la modificación de normativas de toda índole, introduciendo como ejemplo el proyecto de Código Procesal Penal, que fue elaborado con una activa participación de ellos. De esta manera, el Ministerio Público de la Defensa busca consolidarse como la institución que propende a la protección de los derechos de los ciudadanos posibilitando a su vez el acceso de los mismos a la justicia.
La Magistratura audita a la Cámara de Casación Penal
El consejero juez Luis María Cabral informó este jueves a la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura que ya cuenta con una parte de la auditoria realizada a la Cámara de Casación Penal. Se trata de conocer el estado del trámite de unas 50 causas en las que se investigan delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. El control fue convocado por el organismo el mes pasado y ya venció el plazo de 30 días para presentar los informes. Sin embargo, Cabral solicitó una prórroga de 15 días porque hubo 8 expedientes en los que el tribunal no remitió las copias a los auditores. De todas maneras, el consejero juez adelantó que con la información que tiene “ya se puede empezar a trabajar en el dictamen”, que tratará la presentación de los querellantes de esos procesos, que denunciaron que la cámara demoraba las causas sobre violaciones a los derechos humanos para beneficiar a los represores.
Causa AMIA
El próximo martes en Nueva York, se llevará a cabo un nuevo encuentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí dará su último discurso antes de terminar el mandato, el actual presidente argentino Nestor Kirchner. Según anticipó Sergio Burstein, titular que agrupa a familiares de víctimas del atentado a la sede de la AMIA, aprovechará ese momento para acusar a Irán por no haber colaborado en el esclarecimiento del atentado. Las declaraciones de algunos familiares e incluso del embajador del Estado de Israel, Rafael Eldad, manifiestan el apoyo de todos ellos al mandatario argentino pues aseguran que actúa con compromiso firme y clara intención de esclarecer el atentado. En esta oportunidad y por primera vez, el gobierno invitó a las autoridades de la mutual a que lo escucharan personalmente, por lo que el presidente de la AMIA, Luis Grynwald, estará presente en el encuentro. Los últimos avances en la causa se sucedieron cuando la Justicia argentina reclamó la extradición de cinco funcionarios del gobierno iraní y un ciudadano libanés, todos ellos por su presunta responsabilidad en el ataque de 1994.
Votos desde la cárcel
En la Unidad 36 del Servicio Penitenciario Bonaerense se realizó un ensayo de votación para los detenidos sin condena firme, quienes podrán votar a su candidato en las próximas elecciones de octubre. Del simulacro participaron más de cien reclusos, que tuvieron la posibilidad de utilizar un sistema muy parecido al de los consulados argentinos en el exterior en época de elecciones. Tendrán una sola boleta en la cual constarán los nombres de todos los candidatos, teniendo que el votante sólo marcar al candidato que prefiera. La posibilidad de que los prisioneros sin condena puedan votar, posibilitó que muchos de los detenidos que no tenían documentos pudieran tramitar un DNI. Fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense destacaron que estudiaron a los detenidos y resulta cada vez mayor el interés que muestran por votar y de participar activamente en la sociedad democrática. De los 22.000 detenidos en todo el país que podrán elegir a su candidato, 13.000 son internos del Servicio Penitenciario Bonaerense.