Con poca prensa y mucho trabajo, hace dos años se creó la Unidad Fiscal especial de Delitos sexuales. El fiscal Julio Castro está a cargo de la misma desde su inicio. Diariojudicial.com se acercó hasta su despacho, en Lavalle y Libertad, donde cumple funciones como fiscal de un tribunal oral, para hablar de su trabajo diario. Durante la entrevista, en la que fuma su primer cigarrillo del día, Castro cuenta que se metió de lleno en esta especialidad hace más de diez años, con un caso específico: un padrino que terminó condenado por abusar de su ahijada. También describe el trabajo diario en la Unidad, que lleva adelante sus propias investigaciones y también acompaña a todos los fiscales. La investigación, sin embargo, es sólo una parte del trabajo de ese organismo. Allí también se pone énfasis en la capacitación y en la confección de nuevas estadísticas. Consultado por el tratamiento que reciben los violadores y abusadores en las cárceles, Castro describe una realidad a la que pocos le prestaron atención: generalmente tienen buena conducta y reciben todos los beneficios antes que otros detenidos. Pese al clamor popular, que cada vez pide mayores penas para esa clase de delincuentes, el fiscal cuestiona cualquier intento de cambio normativo en ese sentido. No obstante, pide mayor celeridad en los procesos. “Apurar el juicio es una garantía para él y una respuesta rápida para la gente”, explica. También destaca el valor que tiene la difusión de los casos a través de los medios, porque logró aumentar los porcentajes de denuncias, pero advierte sobre los peligros de esa dinámica. “También esto ha generado que se denuncian cosas falsas”, cuenta.
¿Cuando y cómo nació la Unidad sobre delitos sexuales?La idea comenzó sobre el final de la gestión del procurador Becerra. Cuando llegó Righi, el proyecto avanzó mucho. Finalmente, se creó en 2005 y un año después, a fines de 2006, comenzó a funcionar materialmente. Entramos al edificio en diciembre pero pasaron tres meses hasta que se puso operativo. La Procuración no tiene recursos para las unidades especiales. Reasigna partidas. De hecho, los fiscales que estamos en la Unidad trabajamos en nuestras oficinas respetivas por la mañana y por la tarde hacemos doble turno y estamos allá. Los empleados son gente que tiene compromiso con los temas. Están dividido en grupos, según la temática. Generalmente van rotando porque el trabajo es muy fuerte.
¿Ustedes trabajan junto con los fiscales?Tenemos dos posibilidades: que la denuncia llegue directamente a nosotros. En esos casos iniciamos lo que se denomina “instrucción preliminar”, que a mi modo de ver debe avanzar lo más posible. Luego, le ofrecemos al fiscal la colaboración de la Unidad. El fiscal puede tomarla en forma total, parcial o rechazarla.
¿Qué es lo más común?Depende el fiscal. Hay algunos que están en contra de la idea de las unidades fiscales.
¿Pero la tarea de la Unidad no es sólo investigativa?No, trabajamos en dos áreas más: capacitación y políticas de prevención, y en estadísticas, para conformar un mapa delictivo. La idea es ver cuáles son las causas. Para eso, nuestros empleados van a los juzgados y buscan todo tipo de información sobre las causas. Lo que queremos es un estadística más profunda, que nos de un patrón determinado y poder esclarecer otros hechos.
Comúnmente se dice que el violador es reincidente e irrecuperable. ¿Esto se basa en estadísticas confiables?Estamos haciendo un análisis parcial y sesgado. Un país que orientara el cumplimiento de la pena complementario con el tratamiento psicológico podría dar una respuesta en ese sentido. No nos hemos detenido a analizar qué pasaría si le diéramos un tratamiento con la posibilidad de reinsertarlo. Además, hay que tener en cuenta que los violadores y los abusadores tienen mejor conducta. No son personas violentas dentro del sistema carcelario. Por lo tanto, son los que primero gozan de los beneficios. El asco que le produce a la sociedad un violador le impide visualizar que es una persona que hay que integrarla. Sino la sociedad se transforma en una sociedad violenta y fragmentada.
Desde el punto de vista normativo, y teniendo en cuenta los últimos casos públicos, ¿habría que hacer algún retoque en el Código?Aumentar las penas jamás fue una solución. ¿Por qué modificar el sistema con relación a un violador? Por la gravedad del hecho, se dice. Bueno, entonces si es así pónganle un tratamiento... Siempre lo que debe primar es la igualdad ante la ley. Sino entramos en el camino peligroso que “el fin justifica los medios”. El sistema legal es para todos. Igualmente, los jueces deberían tener en cuenta las particularidades de los diferentes casos y tratarlos con relativa urgencia. Apurar el juicio es una garantía para él y una respuesta rápida para la gente. El Estado no puede darse el lujo de violar la ley, aunque hay gente que lo piensa. Yo recibo a menudo a los familiares, los entiendo, pero no podemos pedir penar de muerte para los violadores.
¿Qué opinión tiene de los proyectos para crear un Registro de Violadores?Es un disparate. Ya hay un registro de reincidencia. ¿Para qué sirve un registro de violadores?. Lo que sí podría aceptar es que cuando vas a sacar el documento te pongan como condición la extracción del patrón genético. El problema que tiene eso es el tráfico de la información. Yo podría aceptar que haya cierto seguimiento de los violadores a través del Patronato de Liberados. El tema es que el Patronato está desbordado y ni siquiera puede controlar a los homicidas. Ahora, creo que esto no pasa el test de constitucionalidad y en la Corte lo dan vuelta.
¿Qué cambios produjo en las investigaciones de estos casos la utilización del ADN?Hubo cambios en los dos sentidos. Ahora se puede hacer más rápido. Hay muchos más centros. Se utiliza con cierta certeza. Y se pueden hacer consultas a nivel internacional. Lo que se empezó a cuestionar últimamente son las técnicas.
En los casos de abusos y violaciones, los porcentajes de denuncias siempre fueron bajos. ¿Eso se mantiene o la repercusión que toman estos casos en los medios modificó el panorama? El periodismo ha tenido un aporte muy positivo en ese aspecto. La difusión ha hecho que mucha gente se anime. No se siente sola. De hecho, ya tenemos ONG que se han organizado para dar apoyo y contención a las víctimas. Pero también esto ha generado que se denuncian cosas falsas. Igualmente es muy difícil que prosperen esas denuncias. Uno tiene la obligación profesional de verificar la verosimilitud del hecho. Hay que analizar el contexto en que se hizo la denuncia.
nicolás pizzi / dju
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